Hubo gran entusiasmo y celebración del Presidente, el Premier, el Canciller y algunos ministros, por una supuesta decisión del Gobierno Boliviano de exportar el gas de Tarija a través del puerto peruano de Ilo, noticia que al día siguiente fue categóricamente desmentida por el mandatario boliviano Carlos Mesa, quien ha declarado que “el Gobierno no ha decidido la salida del gas por un eventual puerto de exportación”. Nuestras autoridades deberían comprender que este tema se encuentra estrictamente ligado a la salida al mar de Bolivia, y que de acuerdo a los acontecimientos históricos, Chile y Bolivia han tenido muchos encuentros y propuestas que en términos de negociaciones internacionales se les conoce como de “intereses recíprocos”, motivo por el cual se deberían revisar y analizar muy minuciosamente los antecedentes de esta problemática.
En el año 1950 durante la presidencia de Gabriel González Videla, en una propuesta secreta, Chile ofreció a Bolivia un corredor al norte de Arica, considerándose como compensación un acceso al uso de las aguas del lago Titicaca.
En Febrero del año 1975, el Gobierno de las FFAA de Bolivia presentó una propuesta al Gobierno de las FFAA de Chile, donde incluía en el texto, entre otros acuerdos, la cesión de Chile a Bolivia de una costa marítima soberana, entre la Línea de la Concordia, que marca el límite entre Perú y Chile y el norte de Arica, por lo que Chile recibiría a cambio una superficie territorial equivalente de carácter compensatoria.
En Abril del año 1987, el canciller boliviano Guillermo Bedregal presentó a su homólogo chileno Jaime del Valle en Montevideo una propuesta para obtener una soberanía compartida con Chile de "20 kilómetros de costa y un corredor de tierra de 2,500 Km2 en la zona fronteriza con Perú por 99 años", ofreciendo en compensación el uso de aguas fronterizas y la explotación de los yacimientos de gas natural e incluso el suministro de energía eléctrica.
Desde el año 1999 en que se confirman en Bolivia los descubrimientos más importantes de gas en el departamento de Tarija, dicho gobierno ha considerado prioritario negociar la exportación de su gas por un puerto chileno a cambio de una salida soberana al mar.
En Julio del año 2002, noticias procedentes de Bolivia señalan que ambos gobiernos tenían listo un acuerdo para la exportación del gas hacia Estados Unidos por un puerto chileno sobre la base de un convenio similar al que se firmó en 1957 para la exportación de petróleo boliviano por el puerto de Arica en que Chile cedió a Bolivia el paso para el tendido del conducto Sica Sica - Arica, a través del cual exporta petróleo vía marítima.
En Enero del presente año, en el momento preciso que Chile experimenta un grave desabastecimiento de este combustible, el actual canciller boliviano Juan Ignacio Siles del Valle ha manifestado que el gas es una "palanca muy poderosa" para permitir un acuerdo con Chile en la región al norte de Arica, añadiendo que “la posibilidad de exportar gas por un puerto chileno, así como la venta de gas a Chile, tiene que estar atada a la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico” y además ha planteado que "este es un momento especial de esos movimientos cíclicos que se dan cada cien años y hoy se da una situación histórica espectacular para la posición política boliviana".
En el contexto de este complicado panorama eminentemente geopolítico y de intereses recíprocos entre Bolivia y Chile, nuestras autoridades deberían asumir una postura de mesura y tranquilidad hasta que se realice en Bolivia el Referéndum del 18 de Julio del presente año en el que se define la posición de su población y asimismo, nuestra Cancillería debería tener consideradas estrategias definidas y debidamente implementadas para afrontar los distintos escenarios que se presenten con respecto a la decisión de Bolivia sobre el puerto de exportación del gas de Tarija, sobre su aspiración de salida soberana al mar por Arica y la relación de ambos temas con la problemática pendiente de nuestra delimitación marítima con Chile.
Publicado en el diario LA REPÚBLICA, 4 de mayo de 2004
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