El presidente del Congreso, Antero Flores Aráoz, a través de una carta, remitida hace unos días al presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, le indicó que no existen las condiciones necesarias para que el Congreso apruebe la adhesión de nuestro país a la Convención del Mar, solicitando al Ejecutivo iniciar una campaña informativa para que la ciudadanía conozca la conveniencia de dicho acuerdo.
Al respecto, al igual que desde hace más de 22 años, los diferentes gobiernos, hasta el actual, empleando diferentes pretextos, han eludido su responsabilidad de tomar la decisión política de afrontar este tema tan importante para nuestros intereses nacionales.
Desde el inicio, cuando la Convención fue aprobada por la ONU en el año 1982, en que automáticamente fue firmada por 119 países en el mismo día en que fue abierta a la firma, nuestro país no la suscribió, a pesar del papel protagónico que tuvo en su elaboración y de haber firmado el Acta Final del documento, poniendo como pretexto el gobierno de turno que había decidido no firmarla por considerar que, por su propia naturaleza, este complejo e importante asunto, requería los más exhaustivos estudios en sus aspectos jurídicos y económicos.
Dichos exhaustivos estudios, nadie sabe si realmente se efectuaron durante las dos últimas décadas; sin embargo, el 28 de mayo del 2001 el gobierno de Transición, por Resolución Suprema N° 231, remitió al Congreso la documentación referente a la adhesión del Perú a dicha Convención, para su correspondiente debate.
En este contexto, han pasado casi cuatro años y el Congreso no ha puesto en agenda para su debate este tema de interés nacional. Actualmente, con el pretexto de que no existen las condiciones necesarias para su aprobación, que se requiere realizar referéndum por ser un tema técnico o que se necesita efectuar una campaña informativa previa a la ciudadanía, lo único que se trata es de dilatar el debate, con lo cual estarían eludiendo una vez más su responsabilidad.
Jurídica y constitucionalmente no es necesario realizar un referéndum ni tampoco llevar a cabo campaña informativa alguna. Los 120 congresistas tienen la palabra.
Publicado en el diario CORREO, fecha 27 de febrero de 2005
Al respecto, al igual que desde hace más de 22 años, los diferentes gobiernos, hasta el actual, empleando diferentes pretextos, han eludido su responsabilidad de tomar la decisión política de afrontar este tema tan importante para nuestros intereses nacionales.
Desde el inicio, cuando la Convención fue aprobada por la ONU en el año 1982, en que automáticamente fue firmada por 119 países en el mismo día en que fue abierta a la firma, nuestro país no la suscribió, a pesar del papel protagónico que tuvo en su elaboración y de haber firmado el Acta Final del documento, poniendo como pretexto el gobierno de turno que había decidido no firmarla por considerar que, por su propia naturaleza, este complejo e importante asunto, requería los más exhaustivos estudios en sus aspectos jurídicos y económicos.
Dichos exhaustivos estudios, nadie sabe si realmente se efectuaron durante las dos últimas décadas; sin embargo, el 28 de mayo del 2001 el gobierno de Transición, por Resolución Suprema N° 231, remitió al Congreso la documentación referente a la adhesión del Perú a dicha Convención, para su correspondiente debate.
En este contexto, han pasado casi cuatro años y el Congreso no ha puesto en agenda para su debate este tema de interés nacional. Actualmente, con el pretexto de que no existen las condiciones necesarias para su aprobación, que se requiere realizar referéndum por ser un tema técnico o que se necesita efectuar una campaña informativa previa a la ciudadanía, lo único que se trata es de dilatar el debate, con lo cual estarían eludiendo una vez más su responsabilidad.
Jurídica y constitucionalmente no es necesario realizar un referéndum ni tampoco llevar a cabo campaña informativa alguna. Los 120 congresistas tienen la palabra.
Publicado en el diario CORREO, fecha 27 de febrero de 2005