El día 9 de diciembre durante la ceremonia por el 181° aniversario del Ejército, el presidente Alejandro Toledo lamentó no haber podido derivar a las FFAA el presupuesto necesario para la reparación o adquisición de equipos bélicos. En este sentido explicó que su gobierno, y él en particular, estaban preocupados por las limitaciones que existen en las FFAA y por no haber podido modernizar con la celeridad que se debiera todo el equipo bélico militar.
Sin embargo, este “mea culpa” resulta realmente tardío y extemporáneo debido a que la mala situación de operatividad por la que atraviesa nuestras FFAA es consecuencia del mínimo entrenamiento del personal y el limitado mantenimiento del material, por falta de recursos, lo cual es de entera responsabilidad del Presidente y de su gobierno.
El Presidente anunció al asumir el gobierno, sin ningún planeamiento ni criterio técnico, que reduciría el 20% de los gastos militares para reorientarlos a la inversión social y asimismo definió una política de desarme unilateral, aduciendo que la receta para globalizar la democracia y la justicia era disminuir los gastos militares. Pero eso fue desoído por el resto de países de la región. Sobre la base de estos conceptos, dispuso una drástica rebaja del presupuesto para la defensa del año 2002 de alrededor de S/. 800 millones, manteniendo durante todo el período de su gobierno recursos económicos reducidos al sector, con el cual ha podido cubrirse únicamente las necesidades elementales de las 3 instituciones militares ya que casi el 90% del mismo es destinado a cubrir los gastos fijos o ineludibles, ocasionando la desactivación de bases contrasubversivas y no permitiendo solventar los requerimientos indispensables para realizar operaciones, entrenamiento, mantenimiento y repotenciación o modernización de las unidades operativas.
Si bien el gobierno optó por privilegiar el desarrollo económico y social, sin embargo, en su análisis no ha tenido en cuenta que los niveles de dependencia e interrelación entre la economía y una adecuada política de defensa son cada vez más altos; que la seguridad representa un componente indispensable para el desarrollo económico y social; que la defensa es un elemento indisoluble del progreso y el desarrollo de un país y, fundamentalmente, que existen mandatos constitucionales que obligan al Estado a garantizar la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional (artículo 163°) y que las FFAA tiene como finalidad primordial garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República (artículo 165°).
La responsabilidad del presidente y de su gobierno por la actual mala situación de operatividad de las FFAA, radica fundamentalmente en que los recortes presupuestales no se decidieron como resultado de un planeamiento estratégico para la defensa, proceso en el cual, después del estudio de la realidad nacional, el análisis de los intereses y objetivos nacionales, y el diagnóstico de las amenazas y riesgos, se determina la estrategia de seguridad nacional, la política de defensa, el rol de las FFAA, su estructura y cantidad en personal y material y, sus capacidades futuras, para recién, a partir de esos fundamentos, determinar los requerimientos de recursos y el presupuesto.
En este sentido, no se analizaron adecuadamente las consecuencias de la operatividad de las FFAA, (lo que ahora lamenta el presidente), especialmente en el mediano y largo plazo, producto de la falta de alistamiento y entrenamiento. Una fuerza militar no se puede improvisar en el corto plazo, requiere de tiempo y recursos para su desarrollo y así lograr la eficiencia y eficacia que le permita cumplir con su misionamiento.
Aunque debe resaltarse como decisión positiva la incorporación de dos fragatas de segundo uso para la Marina, encontrándose en proceso la adquisición de otras dos y asimismo, la reciente creación del fondo para las FFAA y la PNP que hasta la fecha actúa solo de manera nominal, sin embargo, como consecuencia de esta inadecuada política de defensa del gobierno que no ha permitido efectuar un adecuado mantenimiento al equipamiento de las FFAA, este se encuentra seriamente afectado y su repercusión será aún mayor en el tiempo, pues su degradación es exponencial y sus costos de recuperación serán imposibles o sumamente elevados.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de diciembre de 2005
Sin embargo, este “mea culpa” resulta realmente tardío y extemporáneo debido a que la mala situación de operatividad por la que atraviesa nuestras FFAA es consecuencia del mínimo entrenamiento del personal y el limitado mantenimiento del material, por falta de recursos, lo cual es de entera responsabilidad del Presidente y de su gobierno.
El Presidente anunció al asumir el gobierno, sin ningún planeamiento ni criterio técnico, que reduciría el 20% de los gastos militares para reorientarlos a la inversión social y asimismo definió una política de desarme unilateral, aduciendo que la receta para globalizar la democracia y la justicia era disminuir los gastos militares. Pero eso fue desoído por el resto de países de la región. Sobre la base de estos conceptos, dispuso una drástica rebaja del presupuesto para la defensa del año 2002 de alrededor de S/. 800 millones, manteniendo durante todo el período de su gobierno recursos económicos reducidos al sector, con el cual ha podido cubrirse únicamente las necesidades elementales de las 3 instituciones militares ya que casi el 90% del mismo es destinado a cubrir los gastos fijos o ineludibles, ocasionando la desactivación de bases contrasubversivas y no permitiendo solventar los requerimientos indispensables para realizar operaciones, entrenamiento, mantenimiento y repotenciación o modernización de las unidades operativas.
Si bien el gobierno optó por privilegiar el desarrollo económico y social, sin embargo, en su análisis no ha tenido en cuenta que los niveles de dependencia e interrelación entre la economía y una adecuada política de defensa son cada vez más altos; que la seguridad representa un componente indispensable para el desarrollo económico y social; que la defensa es un elemento indisoluble del progreso y el desarrollo de un país y, fundamentalmente, que existen mandatos constitucionales que obligan al Estado a garantizar la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional (artículo 163°) y que las FFAA tiene como finalidad primordial garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República (artículo 165°).
La responsabilidad del presidente y de su gobierno por la actual mala situación de operatividad de las FFAA, radica fundamentalmente en que los recortes presupuestales no se decidieron como resultado de un planeamiento estratégico para la defensa, proceso en el cual, después del estudio de la realidad nacional, el análisis de los intereses y objetivos nacionales, y el diagnóstico de las amenazas y riesgos, se determina la estrategia de seguridad nacional, la política de defensa, el rol de las FFAA, su estructura y cantidad en personal y material y, sus capacidades futuras, para recién, a partir de esos fundamentos, determinar los requerimientos de recursos y el presupuesto.
En este sentido, no se analizaron adecuadamente las consecuencias de la operatividad de las FFAA, (lo que ahora lamenta el presidente), especialmente en el mediano y largo plazo, producto de la falta de alistamiento y entrenamiento. Una fuerza militar no se puede improvisar en el corto plazo, requiere de tiempo y recursos para su desarrollo y así lograr la eficiencia y eficacia que le permita cumplir con su misionamiento.
Aunque debe resaltarse como decisión positiva la incorporación de dos fragatas de segundo uso para la Marina, encontrándose en proceso la adquisición de otras dos y asimismo, la reciente creación del fondo para las FFAA y la PNP que hasta la fecha actúa solo de manera nominal, sin embargo, como consecuencia de esta inadecuada política de defensa del gobierno que no ha permitido efectuar un adecuado mantenimiento al equipamiento de las FFAA, este se encuentra seriamente afectado y su repercusión será aún mayor en el tiempo, pues su degradación es exponencial y sus costos de recuperación serán imposibles o sumamente elevados.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de diciembre de 2005