Es evidente que desde el 2002 por la falta de una estrategia integral antisubversiva, se inició en la selva central un rebrote narcoterrorista que el gobierno permitió que crezca y se reorganice, hasta el extremo que entre junio de 2004 y diciembre de 2005, elementos terroristas asesinaron a 16 valerosos efectivos militares y policiales. Recién el día 20 del presente mes, a solo seis meses de terminar su período, el gobierno ha aprobado una “Directiva de Planeamiento Estratégico Integral” para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico, cuyo texto es secreto y el presupuesto asignado es ínfimo.Ha influido directamente en este rebrote narcoterrorista el hecho de que a partir del año 2000 se desactiven muchas bases contrasubversivas y puestos policiales, y de manera importante por el abandono de las Rondas Campesinas Contrasubversivas, conocidas como Comités de Autodefensa, a pesar de haber demostrado su eficacia en la lucha antiterrorista.
Cuando en 1980 Sendero Luminoso (SL) inició la lucha armada, existían algunas rondas campesinas que combatían el abigeato en Cajamarca y en el Alto Huallaga. A fines de 1982 cuando SL incursionaba intensamente en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, el gobierno dispuso que las FF AA se hagan cargo de la lucha antisubversiva y, durante este proceso, consiguió acercarse y agrupar sectores de la población local que decidieron cooperar contra el terrorismo, organizándolos en Comités de Defensa Civil.
En 1984 en el Valle de Apurímac, se constituye la Defensa Civil Antisubversiva. Pero es recién mediante los Decretos Ley 740 y 741 de 1991, que todas estas agrupaciones de rondas campesinas fueron reconocidas como organizaciones, se uniformiza su denominación como CADs y se les entrega armas y municiones. Entre 1992 y 1994, las FF AA y estos comités lograron recuperar la mayoría de las comunidades retenidas por los subversivos, y entre 1995 y 1999 desarticularon la casi totalidad de grupos terroristas de la selva central.
Al asumir este gobierno, existían 7,919 CADs con 573,436 integrantes y contaban con 16,607 armas tipo Winchester, Mossberg y MGP-43. Actualmente después de cuatro años y medio, se ha evidenciado que fueron prácticamente abandonados por el gobierno.
Ya desde junio de 2003, Omar Quezada, autoridad de estos comités en la región Ayacucho, advertía que después de su cuota de sacrificio fueron olvidados por el gobierno. En junio de 2004, un programa periodístico divulgó que el Comando Conjunto de las FF AA, entidad que autoriza la conformación de los CADs, solicitó al Ejecutivo un crédito extraordinario que permita retomar las labores conjuntas con los comités.
En julio pasado, el presidente del Consejo Directivo Central de las CADs, Esteban Quispe, denunció que el Estado los tenía abandonados y que SL ha reclutado en los últimos años a más de 200 jóvenes de Vizcatán y otras zonas asháninkas, pagándoles US$ 20 diarios “con dinero del narcotráfico”. Y en diciembre, Guadalupe Aucusime, presidente del CAD del valle del Apurímac, manifestó que estaban abandonados por el gobierno, y pidió apoyo urgente por existir el peligro de una matanza selectiva contra sus dirigentes.
Lo cierto es que, a pesar de que en agosto de 2003 el gobierno anunció la reactivación de 660 comités, actualmente se desconoce su situación real, la cantidad de sus integrantes y del armamento.
El próximo gobierno que asuma en julio debería considerar, dentro de una estrategia integral antisubversiva, la reactivación y el apoyo a estos comités de autodefensa con el fin de enfrentar el rebrote terrorista.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de enero de 2006
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