Desde el año 2002 comenzó en la selva central un rebrote del terrorismo que el gobierno no ha querido ver. Lamentablemente, por falta de una estrategia antisubversiva, el abandono de esas zonas por parte del Estado y la desactivación de bases contrasubversivas y puestos policiales, éste ha aumentado en forma progresiva y exponencial. Se trata de un rebrote coludido con el narcotráfico que no es aislado ni episódico y ha crecido sobre la base de un proceso planificado, manteniendo los narcoterroristas una especie de zona liberada e inaccesible como fortín para sus militantes en Satipo, en la selva de Junín y Ayacucho y en la zona del Huallaga y San Martín.Se iniciaron con acciones de agitación y propaganda hasta su consolidación, en los años 2004 y 2005 con emboscadas, ataques y asesinatos.
La primera advertencia fue del Departamento de Estado de EE UU a través del informe “Patrones globales de terrorismo 2002”, señalando que Sendero Luminoso (SL) contaba en dichas zonas, con alrededor de 500 militantes armados que perpetraron 119 actos subversivos y operaban con el narcotráfico.
En junio del 2003 un grupo de 60 terroristas de SL secuestró en Tocache a 71 trabajadores de la firma Techint, constructora del gaseoducto del gas de Camisea, pidiendo un rescate de un millón de dólares. Un oficial de la Oficina Regional de Inteligencia de la 9ª. Región Policial de Ayacucho confirmó que dicha firma pagó 200 mil dólares por su liberación.
Nuevamente, el Departamento de Estado de EEUU, reitera en su “Informe anual sobre terrorismo 2004” que SL es una de las 40 organizaciones terroristas más activas del mundo.
Después de tantas señales y advertencias sin que el gobierno tome ninguna acción, en junio 2004, cincuenta elementos de SL emboscaron una patrulla asesinando a dos policías y un marino en Aguaytía. El general PNP Adolfo Alfaro Zúñiga, jefe de la 8ª. Región de Tingo María en dicha época, reconoció que el Ejército y la Policía estaban desprovistos de logística para combatir los remanentes del senderismo. Solo veinte días después, el 24 de junio, un soldado del Ejército fue asesinado en el campamento militar de Cagari, a 15 kilómetros de Huanta.
En el 2005, el rebrote recrudeció notablemente, entre febrero y abril, los terroristas emboscaron y asesinaron cuatro policías, tres de ellos cerca de Tingo María y el cuarto por el Puerto Cangrejo en Juanjuí, atacando además siete helicópteros PNP en diferentes zonas del Monzón, Tocache y Tingo María. En diciembre, el accionar terrorista llegó a su punto más alto. En solo dos semanas, entre los días 5 al 20, murieron trece policías en dos sangrientas emboscadas, cinco en el puente Catute, Ayacucho y ocho en la carretera Tingo María – Aucayacu.
A pesar que días después continuaron los ataques así como acciones de propaganda y amedrentamiento, el gobierno sigue insistiendo que no existe rebrote terrorista, y además, subsisten posiciones muy controversiales entre el primer Ministro, el Presidente y algunos de sus representantes respecto a su avance y resurgimiento, evidenciándose una deplorable imagen. En forma irresponsable, el Ejecutivo no le dio a dicho rebrote la debida importancia, y recién ahora ya de salida, ante las claras evidencias, con gran desparpajo y mínimos recursos, pretenden repotenciar la lucha antisubversiva y poner en marcha un plan de desarrollo social para dichas zonas.
Los candidatos para asumir el gobierno en Julio, deberían, prioritariamente, presentar sus propuestas para enfrentar esta problemática narcoterrorista de manera integral y con eficiencia y eficacia, considerando que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz interna como un derecho de todos los peruanos.
Publicado en el diario EXPRESO, 12 de enero de 2006
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