Los principales candidatos a la presidencia han presentando una serie de propuestas para dar solución a la situación de operatividad de la FFAA. Entre ellas tenemos: modernizar la FFAA; defender la capacidad defensiva y disuasiva del Perú; repontenciar la FFAA para la disuasión; lograr en cinco años que la FFAA esté ad portas de alcanzar el equilibrio estratégico con Chile; potenciar el fondo de defensa; repotenciar submarinos, tanques y aviones; actualizar el sistema de defensa; alcanzar la operatividad del material de guerra, entre otras. Sin embargo, lo más importante sería que los candidatos expliquen como van a cumplir con estas propuestas considerando la deplorable situación de operatividad en que se encuentra el material de guerra.
El actual gobierno no ha tenido una política de defensa y, por tal motivo, sin haber efectuado un Planeamiento Estratégico para la Defensa ni haber considerado un criterio técnico, ni mucho menos, haber precisado el rol de funciones de la FFAA, decidió llevar a cabo una política informal de desarme unilateral aduciendo que la receta para globalizar la democracia y la justicia era disminuir los gastos militares y, en forma paralela, redujo en 20% el presupuesto del sector, alcanzándose a cubrir, con el saldo, solamente los gastos fijos o ineludibles y no así solventar adecuadamente los requerimientos para entrenamiento e instrucción del personal y para la operación, mantenimiento y repotenciación o modernización de las unidades operativas.
Esta situación ha coadyuvado al progresivo deterioro de las unidades y material de guerra, ocasionando que, en la actualidad, su repotenciación o modernización sea difícilmente reversible o muy costosa, debido a la vida útil disponible de las unidades terrestres, aéreas y navales y a la obsolescencia de los diferentes sistemas y equipos cuyos repuestos y componentes, en muchos casos, ya no se fabrican. El actual gobierno, por lo tanto, tiene la responsabilidad histórica por la situación de operatividad y el deterioro del valor patrimonial de la FFAA y, asimismo, la responsabilidad constitucional, por no haber garantizado la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.
En este contexto, el próximo gobierno debe considerar que una Política de Defensa Nacional se fundamenta en una óptica del manejo realista de las relaciones internacionales sobre la base de los conceptos de disuasión y equilibrio estratégico, no dejando de lado el análisis de la teoría del conflicto como aspecto inherente a la naturaleza humana.
En tal sentido, el campo de la seguridad y defensa nacional no debe ser descuidado, sino, más bien, tratado como parte de una visión integral del Estado, con una perspectiva de largo plazo que complemente y acompase el ritmo del desarrollo del país, manteniendo una estrecha vinculación y coordinación con la política exterior y con los otros campos nacionales, a modo de lograr articular e integrar las capacidades del poder nacional en respaldo permanente de los objetivos nacionales.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de marzo de 2006
El actual gobierno no ha tenido una política de defensa y, por tal motivo, sin haber efectuado un Planeamiento Estratégico para la Defensa ni haber considerado un criterio técnico, ni mucho menos, haber precisado el rol de funciones de la FFAA, decidió llevar a cabo una política informal de desarme unilateral aduciendo que la receta para globalizar la democracia y la justicia era disminuir los gastos militares y, en forma paralela, redujo en 20% el presupuesto del sector, alcanzándose a cubrir, con el saldo, solamente los gastos fijos o ineludibles y no así solventar adecuadamente los requerimientos para entrenamiento e instrucción del personal y para la operación, mantenimiento y repotenciación o modernización de las unidades operativas.
Esta situación ha coadyuvado al progresivo deterioro de las unidades y material de guerra, ocasionando que, en la actualidad, su repotenciación o modernización sea difícilmente reversible o muy costosa, debido a la vida útil disponible de las unidades terrestres, aéreas y navales y a la obsolescencia de los diferentes sistemas y equipos cuyos repuestos y componentes, en muchos casos, ya no se fabrican. El actual gobierno, por lo tanto, tiene la responsabilidad histórica por la situación de operatividad y el deterioro del valor patrimonial de la FFAA y, asimismo, la responsabilidad constitucional, por no haber garantizado la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.
En este contexto, el próximo gobierno debe considerar que una Política de Defensa Nacional se fundamenta en una óptica del manejo realista de las relaciones internacionales sobre la base de los conceptos de disuasión y equilibrio estratégico, no dejando de lado el análisis de la teoría del conflicto como aspecto inherente a la naturaleza humana.
En tal sentido, el campo de la seguridad y defensa nacional no debe ser descuidado, sino, más bien, tratado como parte de una visión integral del Estado, con una perspectiva de largo plazo que complemente y acompase el ritmo del desarrollo del país, manteniendo una estrecha vinculación y coordinación con la política exterior y con los otros campos nacionales, a modo de lograr articular e integrar las capacidades del poder nacional en respaldo permanente de los objetivos nacionales.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de marzo de 2006