Entre los días 3 y 5 de mayo se realizó el VII Simposium Internacional del Oro organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). En este evento, en el cual se analizaron las oportunidades auríferas en el Perú y América Latina, Mike Moore, consejero especial de la ONU en Asuntos de Negocios y Desarrollo del Pacto Mundial, durante su conferencia señaló que en el Perú se ha dejado de lado la discusión y los estudios sobre la calidad de las instituciones, añadiendo que “falta trabajar en el fomento a la inversión y en la creación de instituciones fuertes”. Justamente, la falta de confianza en nuestro país por parte de los inversionistas privados es, según esta perspectiva, la causa de la escasa inversión, y esta falta de confianza tiene su origen, principalmente, en la debilidad de nuestras instituciones.
El Perú, a pesar de que ha mostrado avances democráticos importantes, lamentablemente muestra profundos procesos de exclusión y de inequidad. La pobreza, el subempleo, la fractura social, la debilidad del sistema político, el centralismo y, medularmente, la debilidad de las instituciones estatales y las malas políticas públicas son prioridades que nos afectan.
Entre los principales problemas de institucionalidad en nuestro país se pueden resaltar los siguientes: 1) Escasa credibilidad y bajos niveles de institucionalidad de los partidos políticos. 2) Informalidad política, donde destaca el clientelismo y el prebendalismo. 3) Centralismo enraizado, que limita los recursos de las regiones y gobiernos locales, dificultando su capacidad de actuación y representación política. 4) Falta de capacidad y fragmentación del Congreso que le impide equilibrar o servir de contrapeso a las acciones del gobierno. 5) Administración de justicia percibida como institución endeble, de muy baja calidad, sin transparencia y sujeta, en muchos casos, a prácticas corruptas. 6) Complejidad institucional para la creación de empresas y su adecuado funcionamiento. 7) Falta de capacidad institucional para reducir la informalidad económica. 8) Instituciones carentes de recursos para mantener la ley y el orden, para brindar educación y proveer servicios básicos a los pobres, etc.
El Perú, a pesar de que ha mostrado avances democráticos importantes, lamentablemente muestra profundos procesos de exclusión y de inequidad. La pobreza, el subempleo, la fractura social, la debilidad del sistema político, el centralismo y, medularmente, la debilidad de las instituciones estatales y las malas políticas públicas son prioridades que nos afectan.
Entre los principales problemas de institucionalidad en nuestro país se pueden resaltar los siguientes: 1) Escasa credibilidad y bajos niveles de institucionalidad de los partidos políticos. 2) Informalidad política, donde destaca el clientelismo y el prebendalismo. 3) Centralismo enraizado, que limita los recursos de las regiones y gobiernos locales, dificultando su capacidad de actuación y representación política. 4) Falta de capacidad y fragmentación del Congreso que le impide equilibrar o servir de contrapeso a las acciones del gobierno. 5) Administración de justicia percibida como institución endeble, de muy baja calidad, sin transparencia y sujeta, en muchos casos, a prácticas corruptas. 6) Complejidad institucional para la creación de empresas y su adecuado funcionamiento. 7) Falta de capacidad institucional para reducir la informalidad económica. 8) Instituciones carentes de recursos para mantener la ley y el orden, para brindar educación y proveer servicios básicos a los pobres, etc.
Según los estudios del Premio Nobel de Economía, Douglass North, el objetivo principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre, estableciendo una estructura estable de la interacción humana, en la que su calidad determina los costos de transacción y producción, así como el potencial de crecimiento y desarrollo económico de un país.
En este contexto, el próximo gobierno tiene la gran responsabilidad de priorizar una reforma del Estado que incluya el mejoramiento de la calidad de nuestras instituciones y de su capacidad para garantizar una gestión eficaz del Estado, con especial referencia a las instituciones legislativas y judiciales, los organismos de gestión centrales, la gestión e innovación en el sector público, el gobierno central, la descentralización y la participación.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de mayo de 2006