La construcción de una parte importante de la infraestructura en el sector portuario nacional ocurrió alrededor de la mitad del siglo pasado. Desde esa época, hace más de 50 años, no se han realizado obras importantes por falta de inversión pública y privada, lo cual explica la deplorable situación actual del sistema portuario y su catalogación en la región como el de menor calidad y competitividad y de precios más caros.En el año 1999 se realizó la primera concesión al puerto de Matarani, segundo en importancia después del Callao, en un proceso con muchas irregularidades, en el que inicialmente estuvieron precalificados nueve postores y, por razones inexplicables, quedó como único postor el grupo Romero con su empresa Tisur subsidiaria con Santa Sofía que cuenta con un alto porcentaje de capital chileno. El contrato se firmó el 17 de agosto de 1999, por 30 años renovables, a pesar que se requerían no menos de 2 postores; además, con un precio base subvaluado (US$ 9.5 millones), y con un pago irrisorio por retribución al Estado de 5% de los ingresos brutos.
Después de siete años de esta mala experiencia, nos encontramos en proceso de concesión del Muelle Sur del Callao, el cual ya nos está dando señales muy preocupantes. Así, la fecha programada en las bases para la entrega de la buena pro para el 29 de marzo fue postergada dos veces sin argumento válido, hasta el 31 de mayo. Los ministros de Economía y de Transportes han manifestado que indefectiblemente la buena pro se daría en esta fecha; sin embargo, ya la Agencia de Promoción a la Inversión Privada (ProInversión) habla de otra postergación.
Llama mucho la atención que, coincidentemente, el 29 de marzo, fecha en que originalmente debió entregarse la buena pro a uno de los postores interesados de países de primer nivel portuario como Alemania, China, Inglaterra, Dinamarca, EE.UU., Singapur o Suiza, el director general del Grupo Romero, Dionisio Romero Paoletti, confirmó su participación en esta concesión con su empresa Ransa asociada con la empresa española Dragados. Al respecto, Manuel Dammert, asesor de la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (Fentenapu) ha denunciado que ambas empresas forman un consorcio pantalla que esta subordinado al Grupo chileno Claro y, asimismo, que ProInversión, mediante 56 circulares, ha modificado a su antojo las bases y el proceso del concurso. Por otro lado, se pretende ceder al nuevo operador las zonas 2, 2A y 2B, que ocupan un área de 83,214 m2 del puerto y, además, se está considerando cambios de construcción de infraestructura en un solo amarradero y ya no en 6 como inicialmente estaba previsto.
Toda esta situación es muy preocupante porque podría influir en el retiro de algunas de las empresas interesadas de primer nivel que cuentan con capitales mayores de US$ 200 millones y experiencia de manejo de más de 2,5 millones de contenedores y, al final, podría repetirse la historia de Matarani con el Grupo Romero.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de mayo de 2006
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