El proceso de concesión del Muelle Sur del Callao, programado inicialmente para marzo del presente año, ha sido postergado hasta en tres oportunidades sin criterio técnico alguno, por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y, según su última comunicación oficial, esta vez debe culminar el 19 del presente mes.Esta concesión es muy necesaria e importante para el futuro de nuestro país y particularmente para el puerto del Callao, cuya infraestructura, al igual que todo el sistema portuario nacional, por falta de financiamiento público, presenta una deplorable situación, requiriendo de urgente inversión privada para su modernización y optimización.
En este proceso, sin embargo, existe un tema preocupante que debería ser perfectamente aclarado. Se trata de la aprobación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por la entrega de un área adicional del puerto de alrededor de 83,000 m2 (8.3 hectáreas) para que forme parte de la concesión a otorgarse a la empresa que se adjudique la Buena Pro.
El asunto está en que el tipo de concesión de este muelle es “bajo condición de operación exclusiva” y, en este caso, la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), solo permite la entrega de áreas totalmente nuevas para ser desarrolladas y construidas por el concesionario, no pudiéndosele adicionar áreas de infraestructura existente. Del mismo modo, el Plan Nacional de desarrollo Portuario (PNDP) especifica que el desarrollo del muelle debe ser sobre la base de un área acuática, es decir, ganándose terreno al mar, y no empleándose infraestructura del puerto, como se pretende hacer.
Además, si con el área actual del puerto de 26 hectáreas existen problemas para depositar los contenedores de los buques que ingresan para sus operaciones, obligándolos al empleo de zonas externas privadas con los consecuentes sobrecostos, es contraproducente bajo todo punto de vista, que se otorgue esta irregular entrega de 8.3 hectáreas al concesionario, lo cual agravaría la situación en las 17.7 hectáreas que quedarían disponibles y ocasionaría que muchos buques, por los altos costos, se dirijan hacia puertos vecinos.
En este contexto, los únicos que saldrían arbitrariamente favorecidos en desmedro de nuestros intereses nacionales, serían el nuevo concesionario, ya que con dicha área adicional requeriría menores costos de operación, así como las empresas que cuentan con depósitos fuera del puerto, ya que tendrían mucho más demanda.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de junio de 2006
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