El 28 de julio, en el 185° aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, con la juramentación de Alan García al cargo de Presidente de la República ha comenzado un nuevo período gubernamental.Se inicia una etapa de nuevas esperanzas pero también de incertidumbres, con muchos problemas por atender y solucionar. Los retos son inmensos, reforma del Estado y del Poder Judicial, apaciguar la pobreza y exclusión fomentando la equidad, promover el empleo, impulsar la justicia social e igualdad de oportunidades en educación, salud y cultura, alcanzar la seguridad alimentaria y nutrición, luchar contra la corrupción, narcotráfico, contaminación, mejorar la seguridad interna y externa, etc.
La solución de estos problemas que nos agobian dependerá de muchos factores, tales como, el carácter y capacidad de gestión y liderazgo que imponga el Presidente, el cumplimiento de las propuestas programáticas de su Plan de Gobierno 2006-2011 y de la capacidad de su gabinete y equipos técnicos. Pero además, la oposición política tiene, en el Congreso, una importante responsabilidad de actuar, de manera eficiente y activa, como contrapeso, equilibrio y fiscalización, para conseguir la moderación que implica gobernar buscando acuerdos amplios y sustentables evitándose así eventuales excesos o populismos. Debe ser, por un lado, firme y fiscalizadora, con un liderazgo articulado que haga el seguimiento de la marcha de los principales asuntos de importancia nacional, pero también, debe ser constructiva, cooperadora y que proponga soluciones. Del mismo modo, los partidos políticos tienen, con el pueblo, la gran responsabilidad de recibir sus inquietudes y demandas canalizándolas a través de proyectos importantes y trascendentes para los intereses nacionales. Esta actuación obligará al gobierno a un proceso de negociación permanente que incidirá en la ponderación, apoyando en los ritmos, contenidos y aprobaciones de dichos proyectos.
Un país como el nuestro, con una dramática fragilidad institucional y con profundos problemas sociales por resolver, requiere de una política de consensos entre el gobierno y la oposición como resultado de consultas y negociaciones, con lo cual, las reformas que se lleven a cabo serán ampliamente validadas por toda la población.
Nuestra cultura política debe incorporar el concepto de que la oposición está íntimamente ligada a la democracia, y que ésta no consiste en el mero acto de votar sino en involucrarse en los asuntos de Estado y de nuestros intereses nacionales, lo cual ayudaría a garantizar una adecuada gobernabilidad.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de julio de 2006
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