En recientes declaraciones, el ministro de Defensa, Allan Wagner, ha manifestado que “hay dos mil personas tanto de las FFAA y de la PNP que están investigadas a partir de lo que fue el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” (CVR).Y es que el cuestionado informe final de la desactivada CVR, al denunciar a miembros de las FF AA. y ronderos ante el Ministerio Público (sin embargo a ningún terrorista), ha dado a la finalidad de su tarea, un carácter vinculante, hecho que no se condice con su origen legal ni los fines para la que fue creada.
El 28 de agosto se cumplen tres años desde que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, presentó el controvertido “Informe Final”, sentando una posición parcializada contra las FFAA al expresar que “hemos comprobado con pesar que agentes de las Fuerzas Armadas y Policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos, y que existen, por tanto, fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad”. Esto se corrobora en sus conclusiones que refieren represiones indiscriminadas (N° 54), o prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos (N° 55).
Es injurioso que la CVR haya empleado estos términos para definir la intervención de las FFAA, mientras que al grupo terrorista de Sendero Luminoso lo considere un “partido político” y evite calificarlo de organización terrorista, a pesar que utilizaron sistemáticamente prácticas violatorias de los DDHH y declaró la guerra al país e inició la barbarie.
La imagen que presentó la CVR sobre las FFAA, de manera absolutamente injusta y agraviante, es que sus miembros serían culpables de crímenes de terrorismo de Estado, con lo cual su intención, que ha promovido con gran intensidad, ha sido llevar a sus miembros al banquillo de los acusados.
Así, incrementaron de modo puramente conjetural la cifra de víctimas (69 mil contra alrededor de 24 mil identificadas) con el fin de aumentar el número de muertos atribuibles a las FFAA y que éstas aparezcan como masacradoras de civiles inocentes. Su consigna ha sido reclamar para las víctimas de la violencia una reparación, de la cual una “parte esencial” sea el “ejercicio efectivo de la justicia”, incluyendo en ésta “el justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad” (Nº 168).
En este contexto, las investigaciones que se están efectuando contra los dos mil miembros de las FFAA y la PNP no deben basarse en el informe de la CVR por no ser vinculante, además de parcializado y antimilitar, debiendo garantizarse el trato justo y el derecho a la defensa de quienes, en lo esencial, defendieron a la sociedad.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de agosto de 2006
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