El Canciller José García Belaunde ha comprometido en distintas oportunidades la apertura de nuestro país para no ser obstáculo ante posibles soluciones a la demanda marítima boliviana por un territorio que nos perteneció. Del mismo modo, el presidente Alan García, desde que fue electo, antes de una visita a Chile el 21 de junio 2006, declaró no oponerse a ninguna solución bilateral entre ambos países. El 15 de enero reiteró: “en nombre del gobierno y de todos los ciudadanos peruanos puedo decir que el Perú no será obstáculo a que se dé una solución y un arreglo entre Bolivia y Chile”.El canciller boliviano, David Choquehuanca, en forma inmediata valoró y agradeció las afirmaciones del presidente peruano considerándolas como una expresión de ayuda, añadiendo que “en este esquema se debería pasar de un diálogo bilateral a uno trilateral que incluya a Perú”. Esta posición boliviana contrasta con lo indicado en el tratado de 1929 suscrito entre Perú y Chile, en el cual se especifica que Chile, solo después de haber arribado a una solución bilateral con Bolivia, deberá consultar a nuestro país sobre cualquier tipo de cesión de territorio que fue peruano.
Si bien el artículo 118 de nuestra Constitución señala que corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados, sin embargo, el artículo 56 dispone que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente, cuando se verse sobre la materia de soberanía, dominio o integridad del Estado (inciso 2).
El proceso de una salida al mar de Bolivia debe pasar por cuatro etapas muy marcadas. En la primera, Chile y Bolivia deben llegar a un acuerdo (esta etapa que actualmente transcurre, no le concierne al Perú y no es conveniente entablar un diálogo trilateral como lo ha insinuado el canciller boliviano). En la segunda, Chile debe consultar oficialmente al Perú, vía cancillería, a través de nota diplomática. En la tercera, dicho acuerdo, requiere ser aprobado por el Congreso y, en la última, debe ser ratificado por el Presidente para su validez plena.
En este contexto, nuestra posición sobre una posible salida de Bolivia al mar no debe ser facilitadora, alentadora ni patrocinadora, sino por el contrario, muy prudente, discreta, pragmática y fundamentada en una estrategia de defensa de nuestros intereses nacionales, ya que, en caso de no haberse resuelto previamente nuestra delimitación marítima con Chile, si se llegase a concretar dicho acceso boliviano al mar –a través de un corredor terrestre por Arica como la vía más probable–, éste se proyectaría indefectiblemente hacia nuestro territorio marítimo de 35,000 Km2 en controversia.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de enero de 2007
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