
En este estudio se muestra un Índice de Derechos de Propiedad 2007 (IPRI) que clasifica a los países de acuerdo a los niveles de protección de los derechos de propiedad, el cual ha sido elaborado sobre la base de tres conceptos fundamentales: entorno legal y político y derechos de propiedad física e intelectual, analizándose, dentro de éstos, diferentes variables, tales como: independencia judicial, corrupción, estabilidad política, registro de propiedad, acceso a créditos, patentes, piratería, entre otras.
El mencionado índice presenta cuatro grupos de países. En el cuarto superior se encuentran aquellos donde la protección a estos derechos son óptimos, entre los cuales, Noruega y Holanda ocupan los dos primeros lugares con índices de 8.3 y 8.2 sobre 10. Nuestro País, lamentablemente, se encuentra en el cuarto inferior, en el grupo de países considerados débiles en la protección a los derechos de propiedad. En el ranking final ocupamos el puesto 55 con un puntaje de 3.7 sobre 10. En la región, nos situamos en el puesto 10 entre 17 países. La mayor fortaleza la tenemos en las variables registro de propiedad (7.1 sobre 10) y patentes (5.4). Sin embargo, nuestras debilidades predominan en los aspectos legal, político y de propiedad intelectual. El problema que más prevalece es la alta tasa de piratería (0.5 sobre 10), falta de independencia judicial (1.6), baja estabilidad política (2.8), reducido derecho de propiedad individual (2.9) y corrupción (3.5). Cabe mencionar que puntuaciones entre 0 y 5.3 denotan debilidad en la protección de los derechos y, cuando más baja es la puntuación mayor es la debilidad.
La protección del derecho de propiedad constituye un factor determinante en el desarrollo de los países, ya que posibilita la especialización e intercambio a través del mercado y, asimismo, constituye un componente fundamental en una sociedad de libertades, ya que favorece la autonomía y la responsabilidad individual.
Los índices resultantes de este estudio deben servir al gobierno y a las instituciones afines para la identificación de las falencias existentes en el sistema legal, institucional y en la normatividad vigente para brindar una adecuada y óptima protección a los derechos de propiedad, evitando la piratería, falsificaciones, adulteraciones de obras o producciones de carácter creativo, científico y artístico cualquiera sea la forma de expresarlo.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de marzo de 2007