Es necesario reiterar que desde hace más de 52 años Chile considera –de manera intransigente y arrogante– que el diferendo marítimo con el Perú está zanjado sobre la base a dos acuerdos suscritos por Perú, Ecuador y Chile: la “Declaración sobre Zona Marítima” del 18 de agosto 1952 y el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima” del 4 de diciembre 1954. Sin embargo, estos responden a otro género de propósitos expresamente indicados en sus considerandos y textos. La razón fundamental del primero fue dar a conocer a la comunidad internacional una decisión de los tres países en materia de política marítima y, el segundo, para adoptar una zona de tolerancia pesquera. No existe pues un tratado específico sobre delimitación marítima tal como lo demanda el derecho internacional.En este contexto, la áspera postura adoptada el día 5 por la presidenta chilena Michelle Bachelet al manifestar que “la posición de su país no va a cambiar y, si el Perú decide ir a la justicia internacional es materia de ellos”, se contrapone radicalmente con la política del gobierno peruano de buscar un extremado acercamiento con Chile esperando que –como dijo el presidente Alan García– “poco a poco irá mejorando el clima de confianza y cercanía que tal vez permita una solución de tipo directo y diplomático”.
Esta situación ha aclarado el panorama en el sentido que finalmente se ratifica que no se logrará con Chile un trato directo, conciliación, negociación o arbitraje, debiendo el gobierno dirigir su máximo esfuerzo en cumplir con los requisitos y preparar una estrategia que permita presentar una adecuada demanda a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Dentro de estos requisitos, el 3 de noviembre 2005 se promulgó la Ley 28621 “Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú” –con más 25 años de retraso ya que su promulgación se disponía desde la Constitución de 1979– la cual constituyó el primer paso para la fijación de nuestros límites marítimos con los que increíblemente no contamos hasta la fecha. Asimismo, el 9 de abril, se acaba de notificar dicha ley a la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU.
Para completarlos falta remitir la cartografía correspondiente con nuestros límites marítimos. El canciller José García Belaunde ha manifestado –sin dar un plazo– que será remitida cuando se concluya. Al respecto, el artículo 5 de la citada ley dispone que el Poder Ejecutivo se encargue de levantar dicha cartografía, la cual consiste en el trazado –desde las 266 coordenadas de las líneas de base– del límite exterior de nuestro dominio marítimo hasta las 200 millas.
En la proyección desde la coordenada N° 266 fijada en el punto de la Concordia, esta cartografía va a determinar que la línea del paralelo, trazada unilateralmente por Chile para fijar su límite marítimo, usurpa una extensa área de nuestro territorio marítimo.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de abril de 2007
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