La tesis de “soberanía compartida” (denominada “condominio” en derecho internacional) fue relanzada el 28 de mayo por el embajador de Bolivia en el Perú, Franz Solano, quien manifestó que “el establecimiento de una soberanía compartida de un territorio al norte de Chile puede ser una de las fórmulas que se evalúen para solucionar el problema de la mediterraneidad de Bolivia”. Al respecto, la prensa chilena le atribuyó al canciller José García Belaunde la expresión de que esta posibilidad podía “ser bienvenida” por lo que la cancillería chilena declaró que el estatus de Arica no está en discusión.
Recordemos que en 1976 nuestro país presentó una propuesta sobre esta tesis. Es así que Chile después de haber arribado a un acuerdo con Bolivia para cederle un corredor entre la línea de la Concordia y el extremo norte de la ciudad de Arica –a cambio de un área territorial de igual superficie–, mediante nota diplomática 685 del 19 diciembre de 1975 le efectúa la correspondiente consulta al Perú –en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° del Protocolo Complementario del Tratado de 1929–. En esta situación el Perú, después de efectuar varias reuniones bilaterales y estudiar los citados documentos, el 26 noviembre de 1976 condiciona la aprobación del corredor al establecimiento en Arica de un área territorial bajo soberanía compartida de Bolivia, Chile y Perú, lo cual fue rechazado por Chile por considerar que nuestro país estaba presentando una nueva alternativa diferente al acuerdo bilateral acordado entre Bolivia y chile.
Esta propuesta peruana presentaba una serie de condiciones tales como una administración portuaria común; la concesión para que Bolivia construya un puerto y mantenga soberanía sobre el mar adyacente al litoral del territorio bajo soberanía compartida y el establecimiento de un polo de desarrollo económico mancomunado. Sin embargo, dicha propuesta no consideraba la controversia sobre la delimitación marítima con Chile, por lo que si en ese entonces se hubiera concretado, la salida al mar de Bolivia se habría proyectado sobre nuestro territorio marítimo de 35,000 Km2 que Chile viene usufructuando injustamente desde 1954.
Actualmente, después de 30 años, la situación se torna diferente. A pesar de las quejas sin fundamento chilenas, el 17 de mayo nuestra cancillería envió a la Oficina del Mar de la ONU el texto de la Ley de Líneas de Base N° 28261 promulgada el 3 de noviembre 2005 y, asimismo, pese a que Chile adelanta “firme” reacción, se apresta a remitir la cartografía del dominio marítimo, con lo cual se cubren los requisitos para la presentación de nuestra demanda a la Corte Internacional de Justicia.
En este contexto, por convenir a nuestros intereses nacionales, es importante reiterar que cualquier posible acuerdo entre Chile y Bolivia para una salida al mar de éste por territorios que fueron peruanos, su aceptación por nuestro país debe estar estrictamente condicionada a la solución de la controversia marítima con Chile.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de junio de 2007
Recordemos que en 1976 nuestro país presentó una propuesta sobre esta tesis. Es así que Chile después de haber arribado a un acuerdo con Bolivia para cederle un corredor entre la línea de la Concordia y el extremo norte de la ciudad de Arica –a cambio de un área territorial de igual superficie–, mediante nota diplomática 685 del 19 diciembre de 1975 le efectúa la correspondiente consulta al Perú –en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° del Protocolo Complementario del Tratado de 1929–. En esta situación el Perú, después de efectuar varias reuniones bilaterales y estudiar los citados documentos, el 26 noviembre de 1976 condiciona la aprobación del corredor al establecimiento en Arica de un área territorial bajo soberanía compartida de Bolivia, Chile y Perú, lo cual fue rechazado por Chile por considerar que nuestro país estaba presentando una nueva alternativa diferente al acuerdo bilateral acordado entre Bolivia y chile.
Esta propuesta peruana presentaba una serie de condiciones tales como una administración portuaria común; la concesión para que Bolivia construya un puerto y mantenga soberanía sobre el mar adyacente al litoral del territorio bajo soberanía compartida y el establecimiento de un polo de desarrollo económico mancomunado. Sin embargo, dicha propuesta no consideraba la controversia sobre la delimitación marítima con Chile, por lo que si en ese entonces se hubiera concretado, la salida al mar de Bolivia se habría proyectado sobre nuestro territorio marítimo de 35,000 Km2 que Chile viene usufructuando injustamente desde 1954.
Actualmente, después de 30 años, la situación se torna diferente. A pesar de las quejas sin fundamento chilenas, el 17 de mayo nuestra cancillería envió a la Oficina del Mar de la ONU el texto de la Ley de Líneas de Base N° 28261 promulgada el 3 de noviembre 2005 y, asimismo, pese a que Chile adelanta “firme” reacción, se apresta a remitir la cartografía del dominio marítimo, con lo cual se cubren los requisitos para la presentación de nuestra demanda a la Corte Internacional de Justicia.
En este contexto, por convenir a nuestros intereses nacionales, es importante reiterar que cualquier posible acuerdo entre Chile y Bolivia para una salida al mar de éste por territorios que fueron peruanos, su aceptación por nuestro país debe estar estrictamente condicionada a la solución de la controversia marítima con Chile.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de junio de 2007