El 2 de enero de este año, a pocos días de la fecha programada de presentación de nuestra demanda a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la controversia limítrofe con Chile, el subsecretario de Aviación de este país, Raúl Vergara, manifestó que el primer trimestre del año se definirá la adquisición de un satélite óptico para la obtención de imágenes de la tierra con una órbita baja. Explicó que su presupuesto es de US$ 70 millones, que reconocerá desde el espacio objetos de hasta dos metros de tamaño y que en el campo militar servirá para vigilar sus fronteras.
A pesar que dicho funcionario se empeñó en explicar que el 90% del sistema será de uso civil y que estaría a cargo del ministerio de Economía, sin embargo, en mayo de 2006, la misma presidenta Michelle Bachelet indicó que el 75% sería de uso civil y además, según informaciones chilenas, el satélite será administrado por el ministerio de Defensa –en forma conjunta por el Ejército, Fuerza Aérea y Armada– y su costo será cubierto por la ley reservada del cobre.
Esta adquisición –cuya negociación está a cargo del ministerio de Defensa– sería a través de la empresa European Aeronautic and Space Company (EADS) que anteriormente ya le vendió 12 misiles Exocet SM-39 para sus submarinos Scorpene a un costo de US$ 3 millones cada uno. O a través de la empresa israelí ImageSat International que en agosto de 2004 difundió imágenes de las ampliaciones de la Base Aérea peruana La Joya en Arequipa, y que actualmente sus satélites espían posibles instalaciones nucleares de Irán.
Según el astrofísico chileno Rolando Hernández, asesor de la Subsecretaría de Aviación y autor del proyecto satelital “Aurora”, no se trata solo de un satélite sino de un sistema que maneja varios tipos de satélite que observarán y vigilarán su territorio nacional. Este sistema contaría con más de 170 aplicaciones y en el campo militar podría escanear pequeñas áreas y determinar cualquier movimiento de personas, tropas, embarcaciones o aeronaves así como precisar la cartografía relacionada a su soberanía.
Aunque el ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz, le ha restado importancia a esta adquisición, explicando que “hay montones de empresas privadas que tienen satélites y que venden sus servicios”, el análisis debería centrarse en determinar por qué si Chile cuenta actualmente con satélites alquilados como el CBERS (brasileño-chino), SAC-C (argentino) y otros de EE UU, Francia e India, el gobierno se ha decidido con “prioridad urgente” por un sistema propio. La respuesta sería que para la Defensa Nacional chilena esa dependencia no es conveniente ya que ningún satélite alquilado permite contar, en el campo militar, con datos inmediatos y oportunos como los proporciona un sistema satelital propio, especialmente para la obtención de datos de inteligencia para las FF AA.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de enero de 2008
A pesar que dicho funcionario se empeñó en explicar que el 90% del sistema será de uso civil y que estaría a cargo del ministerio de Economía, sin embargo, en mayo de 2006, la misma presidenta Michelle Bachelet indicó que el 75% sería de uso civil y además, según informaciones chilenas, el satélite será administrado por el ministerio de Defensa –en forma conjunta por el Ejército, Fuerza Aérea y Armada– y su costo será cubierto por la ley reservada del cobre.
Esta adquisición –cuya negociación está a cargo del ministerio de Defensa– sería a través de la empresa European Aeronautic and Space Company (EADS) que anteriormente ya le vendió 12 misiles Exocet SM-39 para sus submarinos Scorpene a un costo de US$ 3 millones cada uno. O a través de la empresa israelí ImageSat International que en agosto de 2004 difundió imágenes de las ampliaciones de la Base Aérea peruana La Joya en Arequipa, y que actualmente sus satélites espían posibles instalaciones nucleares de Irán.
Según el astrofísico chileno Rolando Hernández, asesor de la Subsecretaría de Aviación y autor del proyecto satelital “Aurora”, no se trata solo de un satélite sino de un sistema que maneja varios tipos de satélite que observarán y vigilarán su territorio nacional. Este sistema contaría con más de 170 aplicaciones y en el campo militar podría escanear pequeñas áreas y determinar cualquier movimiento de personas, tropas, embarcaciones o aeronaves así como precisar la cartografía relacionada a su soberanía.
Aunque el ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz, le ha restado importancia a esta adquisición, explicando que “hay montones de empresas privadas que tienen satélites y que venden sus servicios”, el análisis debería centrarse en determinar por qué si Chile cuenta actualmente con satélites alquilados como el CBERS (brasileño-chino), SAC-C (argentino) y otros de EE UU, Francia e India, el gobierno se ha decidido con “prioridad urgente” por un sistema propio. La respuesta sería que para la Defensa Nacional chilena esa dependencia no es conveniente ya que ningún satélite alquilado permite contar, en el campo militar, con datos inmediatos y oportunos como los proporciona un sistema satelital propio, especialmente para la obtención de datos de inteligencia para las FF AA.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de enero de 2008