El problema de la lucha contra las drogas no solo debe verse como un asunto unilateral de los países productores de coca como Colombia, Perú y Bolivia, sino también en la demanda que se genera en los países más desarrollados, especialmente EE UU y la Unión Europea (UE), la cual condiciona su producción y comercialización para fines ilícitos. Esta lucha debe tener un compromiso obligado de corresponsabilidad entre ambas partes, ya que es un fenómeno universal y complejo que acarrea graves consecuencias sanitarias por afectar el organismo y las funciones humanas de alrededor de 300 millones de consumidores de drogas en el mundo, además de peligrosas consecuencias sociales como criminalidad, violencia, corrupción y marginación.El compromiso de corresponsabilidad de los países consumidores no es equitativo. EE UU lo admite superficialmente a pesar de contar con el mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Nos han disminuido incesantemente su asistencia económica desde el 2003, de US$ 206 millones a US$ 129.4 millones el 2007, y actualmente hasta US$ 70.3 millones. Esta actitud no solo no considera las repercusiones por los incrementos de cultivos de hoja de coca, producción de cocaína y violencia en nuestras zonas cocaleras, sino que además acentúa su equivocada estrategia de priorizar la erradicación sobre los programas de desarrollo social.
La corresponsabilidad de la Unión Europea (UE) debería ser aún mayor pero su apoyo es mínimo. El consumo de cocaína aumenta de manera exponencial y actualmente la usan más de 4.5 millones de europeos. El 70% de cocaína que producimos (equivalente a alrededor de 200 TM y un valor de US$ 14,000 millones) es exportada a ese continente, donde España y los Países Bajos se han convertido en su mayor punto de entrada. Aunque en la V Cumbre ALC-UE realizada en mayo pasado en nuestro país, la comisaria europea de relaciones exteriores, Benita Ferrero-Waldner, reconoció que existe entre ambos continentes una responsabilidad compartida en el universo de las drogas, en la “Declaración de Lima” el tema quedo relegado y ni siquiera fue considerado.
En el marco de la lucha contra las drogas nuestro país tiene graves problemas para cumplir las metas de la Estrategia Nacional 2007-2011, principalmente por falta de recursos. Se emplean alrededor de US$ 120 millones anuales, pero solo para el programa de Desarrollo Alternativo (PDA) se requerirían miles de millones en inversión en las zonas cocaleras, especialmente en infraestructura; y para avanzar en acciones complementarias de erradicación, interdicción y control de insumos, se necesitarían por lo menos US$ 300 millones anuales.
En este contexto, el gobierno debería proponer la ejecución de una estrategia internacional que aborde el principio de la corresponsabilidad, con el compromiso de los países productores en aumentar sus recursos y lograr una significativa disminución en su producción y tráfico de drogas; y de los países consumidores, en su decisión política de enfrentar el consumo y apoyar económicamente a los países productores. Esta estrategia debería ser planteada como una acción integrada, de tratamiento equilibrado y de apoyo mutuo y equitativo.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de julio de 2008
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