A pesar de que el pasado día 15 el presidente Alan García calificó de “tontas y exageradas” las críticas de quienes se oponían a la venta de un terreno del Cuartel General del Ejército (conocido como Pentagonito), al día siguiente descartó su venta y proyectó la construcción de una sede para el Comando Conjunto, la Escuela Superior de las FF AA y un Centro de Convenciones. Sin embargo, la venta de dicho terreno de 194,760 metros cuadrados se había estado tratando desde meses atrás entre el ministerio de Defensa y la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), llegándose a elaborar un proyecto de convenio para su venta por encargo y mediante subasta pública.
Recordemos que la semana pasada el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, difundió esta decisión a través de los medios de comunicación argumentando que por no estar siendo utilizado, era lógico monetizarlo para, por ejemplo, repotenciar los hospitales de las FF AA. No tuvo en consideración la importancia y trascendencia del Cuartel General del Ejército, el más emblemático de la institución, y que junto con los Cuarteles Generales de la Marina y la Fuerza Aérea, se tratan de símbolos de la Defensa Nacional.
Las reacciones en contra fueron contundentes y masivas. Los vecinos se movilizaron realizando vigilias, plantones, protestas y recolecciones de firmas; también intervinieron los ex comandantes generales del Ejército y oficiales en situación de retiro de las FF AA; políticos de diferentes grupos; además de la exigencia de 18 alcaldes de respetar dicha área.
Después de las recientes declaraciones del presidente Alan García, descartando dicha venta, el ministro de Defensa explicó que la decisión fue variada porque “el Gobierno tiene capacidad de diálogo y escucha”. Sin embargo, es importante resaltar que por consideraciones técnicas y normativas dicha venta no hubiera podido ser concretizada debido a: 1) El artículo 7 del DS 021-2007 que aprueba el Reglamento de la Ley 29006 de fecha 20 de abril de 2007 “Ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector Defensa”, obliga al Órgano de Ejecución –Comandante General del Ejército– a determinar por Resolución que dicho terreno no resulta necesario para el cumplimiento de su finalidad o no se encuentra considerado en sus planes estratégicos, lo cual sería irrazonable e inconcebible; y 2) La imposibilidad de cambio de su actual zonificación “Residencial de Densidad Baja” (RDB) sin la aprobación de los vecinos del Distrito.
Lo cierto es que esta situación relacionada a las FF AA se ha mantenido en las portadas de los medios de comunicación haciendo desviar la atención sobre temas trascendentes y medulares tales como, entre otros, el reciente recorte del presupuesto de este año que está afectando el funcionamiento de las FF AA; la falta de recursos para mejorar el equipamiento y medios aéreos para seguridad del personal en las zonas de lucha contra el narcoterrorismo; el inminente colapso de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) que pone en riesgo las pensiones de sus más de 150,000 afiliados; la paralización del proyecto de mejoramiento de remuneraciones del personal militar y policial así como la pretensión que existe de desaparecer la Justicia Militar-Policial.
Recordemos que la semana pasada el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, difundió esta decisión a través de los medios de comunicación argumentando que por no estar siendo utilizado, era lógico monetizarlo para, por ejemplo, repotenciar los hospitales de las FF AA. No tuvo en consideración la importancia y trascendencia del Cuartel General del Ejército, el más emblemático de la institución, y que junto con los Cuarteles Generales de la Marina y la Fuerza Aérea, se tratan de símbolos de la Defensa Nacional.
Las reacciones en contra fueron contundentes y masivas. Los vecinos se movilizaron realizando vigilias, plantones, protestas y recolecciones de firmas; también intervinieron los ex comandantes generales del Ejército y oficiales en situación de retiro de las FF AA; políticos de diferentes grupos; además de la exigencia de 18 alcaldes de respetar dicha área.
Después de las recientes declaraciones del presidente Alan García, descartando dicha venta, el ministro de Defensa explicó que la decisión fue variada porque “el Gobierno tiene capacidad de diálogo y escucha”. Sin embargo, es importante resaltar que por consideraciones técnicas y normativas dicha venta no hubiera podido ser concretizada debido a: 1) El artículo 7 del DS 021-2007 que aprueba el Reglamento de la Ley 29006 de fecha 20 de abril de 2007 “Ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector Defensa”, obliga al Órgano de Ejecución –Comandante General del Ejército– a determinar por Resolución que dicho terreno no resulta necesario para el cumplimiento de su finalidad o no se encuentra considerado en sus planes estratégicos, lo cual sería irrazonable e inconcebible; y 2) La imposibilidad de cambio de su actual zonificación “Residencial de Densidad Baja” (RDB) sin la aprobación de los vecinos del Distrito.
Lo cierto es que esta situación relacionada a las FF AA se ha mantenido en las portadas de los medios de comunicación haciendo desviar la atención sobre temas trascendentes y medulares tales como, entre otros, el reciente recorte del presupuesto de este año que está afectando el funcionamiento de las FF AA; la falta de recursos para mejorar el equipamiento y medios aéreos para seguridad del personal en las zonas de lucha contra el narcoterrorismo; el inminente colapso de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) que pone en riesgo las pensiones de sus más de 150,000 afiliados; la paralización del proyecto de mejoramiento de remuneraciones del personal militar y policial así como la pretensión que existe de desaparecer la Justicia Militar-Policial.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de diciembre de 2008