La Ley del Ministerio de Defensa No. 27860 aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la República el 17 de Octubre del pasado año dispone como las dos primeras funciones del Ministerio de Defensa: “Formular y proponer la política del Estado para la Defensa y la Seguridad Nacional, en los ámbitos militar y no militar, someterla a la aprobación del Consejo de Defensa Nacional y disponer lo necesario para su implementación y ejecución”. En este sentido, el ministro Loret de Mola, aparte de informar sobre la injusta y masiva reducción de oficiales de las fuerzas armadas, debería informar a dicha comisión sobre la existencia de esta política de Estado, si ha sido sometida a la aprobación del Consejo de Defensa Nacional, si éste se ha reunido alguna vez y si la misma se encuentra implementada y en ejecución. Lo que todos conocemos perfectamente es que no existe una política del Estado para la Defensa y Seguridad, concepto que inclusive ha sido vertido por el propio presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Gilberto Díaz, quien ha señalado que "El Perú no tiene una política de Defensa del Estado, y debemos revalorizar lo que es la defensa nacional, ya que en los últimos años se ha descuidado mucho este tema”.
Al respecto, la única política que se conoce es la que está llevando a cabo el gobierno a través del ministerio de defensa y que se basa en la tendencia de reducir nuestras fuerzas armadas a la mínima expresión, así como de un desarme unilateral que no es seguido por ningún país en la región y que afecta la seguridad de nuestra soberanía e integridad nacional, al no considerarse elementos fundamentales de seguridad tales como equilibrio estratégico y disuasión.
Debe también el ministro informar sobre lo que acontece con relación a la siguiente función del ministerio de defensa incluida en dicha ley: “Garantizar el accionar conjunto de los Institutos de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, asegurando la debida preparación y capacitación, así como la administración de los recursos presupuestales, de acuerdo a ley”.En este contexto, lo que debería informar el ministro de defensa es sobre sus propias declaraciones del mes pasado con respecto a la situación de las fuerzas armadas: "Hemos tenido tres trimestres en los que el presupuesto alcanzó con las justas y en estos momentos, es decir el cuarto trimestre del 2002, estamos pasando por una situación complicada y difícil", e informar como afecta esto a la situación actual del equipamiento y material, a la operatividad de las unidades de combate y si va a ser posible repotenciarlas con la venta de los muebles e inmuebles o si esta es solo una solución parcial y de coyuntura y como resolverá esta problemática en el corto, mediano y largo plazo.
El problema es que ni el gobierno ni el ministro de defensa han evaluado como se están depredando las unidades de combate ni han analizado lo que esta sucediendo con la pérdida del valor patrimonial del material de guerra, que alcanza a muchos miles de millones de dólares, el cual se está deteriorando y quedando fuera de servicio en forma inexorable por falta de repuestos y de mantenimiento.
De esta forma, al finalizar este período de gobierno, el siguiente gobierno elegido no va a contar con una fuerza armada en condiciones operativas mínimas indispensables para cumplir con el mandato de la constitución ni cumplir con la función del propio ministerio de defensa, incluida en la ley: “Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”.
Publicado en el diario LA REPÚBLICA, fecha 2 de enero de 2003
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