El comercio marítimo representa para nuestro país, el 95 % del comercio exterior y por lo tanto es el que permite la captación del casi total de las divisas que podemos generar con nuestra producción y de las cuales depende en gran parte la vida nacional, sin embargo, actualmente no contamos con una flota de naves mercantes oceánicas de bandera peruana, viéndose afectada sensiblemente la balanza de pagos y el PBI.Al examinar la evolución de nuestra flota mercante nacional, observamos que lastimosamente en las dos últimas décadas ésta fue prácticamente aniquilada. De más de 60 naves con que contábamos a mediados de los años 80 con una capacidad de carga de más de un millón de toneladas, nos hemos reducido a solo dos unidades que opera la Oficina Naviera Comercial.
A inicios de la década de los años 90, el Gobierno Peruano dictó dispositivos de liberalización del acceso a las cargas y de desregulación, (Decretos Legislativos 644° y 683°), los que legalmente eliminaron la reserva de carga y otras normas de promoción para la Marina Mercante que ocasionaron que las naves peruanas, no pudieran competir con las facilidades de orden tributario, laboral y financiero, de las que gozan las flotas mercantes extranjeras que operan en nuestro litoral.
Este marco legal y tributario hostil, ha fomentado el crecimiento de empresas navieras extranjeras especulativas que no requieren invertir, teniendo como único negocio el poder sub arrendar “naves de bandera de conveniencia” de segundo o tercer orden. Dichas empresas, principalmente chilenas, no tienen ningún arraigo con el país, no tributan, no generan empleo, no aportan al PBI y además ocasionan la salida de una gran cantidad de nuestras divisas, ya que el Estado peruano se ha visto obligado a pagar al exterior, en los últimos 10 años, más de US $ 6,000 millones por concepto de fletes.
Del mismo modo, esta legislación facilita que muchas empresas navieras nacionales puedan obtener licencias de autorización para fletar y operar naves en tráfico internacional, en tráfico de cabotaje y operación en bahía, facilitando contratos especulativos, lo cual dista mucho de reunir las condiciones y exigencias de un armador formal con las implicancias de una empresa naviera debidamente constituida. Asimismo, la adquisición de una nave en el exterior implica el pago de impuestos por la importación lo cual origina un sobre costo del 50%, encontrándose además sujeta al impuesto a los activos y otras regulaciones de empleo, IGV, etc.
Todo este panorama nos demuestra que nos encontramos de espaldas al mar y mantenemos una falta de visión y de conciencia marítima nacional, motivo por el cual, el Gobierno debería promover mediante leyes especiales, la creación urgente de una flota mercante propia lo cual redundará en generación de empleo y ahorro de divisas.
Publicado en el diario CORREO, fecha 22 de mayo de 2004
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