El día 21 del presente mes falleció un obrero en el cerro Algamarca en Cajabamba, Cajamarca, debido a una intoxicación por cianuro, sustancia tóxica usada en la minería informal. Con esta, suman seis muertes ocurridas en los últimos días en dicha zona como consecuencia de esta ilegal actividad.Los mineros informales operan en las condiciones más precarias de seguridad e higiene y utilizan sustancias químicas altamente tóxicas –tales como cianuro de sodio, arsénico, mercurio, soda caústica, carbón activado, dinamita, entre otras–, cuyos desechos son arrojados a ríos, lagos y suelos ocasionando graves daños contaminantes, sin embargo, es poco lo que se hace para combatirlos y controlarlos.
Esta actividad ilegal se dirige principalmente a la extracción de oro en el sur del país, en Madre de Dios –donde su explotación produce alrededor de US$ 800 millones anuales–, así como en Arequipa, Ayacucho y Puno. Además se está extendiendo en el norte, en Cajamarca, La Libertad y Piura. Según datos del ministerio de Energía y Minas, el 70% de la minería artesanal de extracción de este metal precioso en informal.
Adicionalmente se registran considerables extracciones ilegales de cobre en Arequipa, hierro en Lambayeque, carbón en La Libertad y Ancash, y hasta uranio en Puno (en el distrito de Macusani), lo cual, según el Instituto de Investigación para la Energía y Desarrollo (Iedes), podría producir no solo contaminación química, sino también radiactiva.
La cantidad de mineros informales sigue aumentando. Según el congresista Alfredo Cenzano, integrante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, son más de 150 mil y extraen unas 40 toneladas de oro al año sin tener ningún tipo de control estatal.
En torno a esta ilícita actividad, es muy grave la reciente denuncia del Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de que existen redes de explotación laboral y sexual contra menores de edad en los lavaderos de oro de Cuzco y Madre de Dios. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las conclusiones de su informe presentado el 10 del presente mes: “Una alianza global contra el trabajo forzado” señala que esta clase de tratos afectan particularmente a trabajadores indígenas de Perú y Bolivia.
En este contexto se requiere la urgente implementación de políticas públicas y planes de acción así como medidas de regulación, supervisión y control para fomentar la formalización de los mineros ilegales y para reducir y eliminar esta ilícita actividad que está ocasionando víctimas mortales, graves daños al ambiente que repercuten en la salud de las personas y en la flora y fauna, así como explotación laboral y sexual contra menores de edad lo que atenta contra sus derechos humanos.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de setiembre de 2007
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