Del último lote de armamento que Chile está adquiriendo con un financiamiento de US$ 450 millones, además de los 18 aviones F-16 que incrementarán su flota a 46 unidades y serán desplegados cerca a la frontera con el Perú, incluye 12 radares para control de su espacio aéreo, un sistema de defensa aérea con plataformas para lanzamiento de misiles tierra-aire, transportes blindados, cañones autopropulsados y aviones y patrulleras para interdicción marítima.
Este armamento netamente ofensivo y de alto poder destructivo que forma parte de una irrazonable carrera armamentista chilena, ha creado en nuestro país una comprensible preocupación y generado un gran debate en el que el congresista Luis Gonzales Posada ha propuesto que la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenga para detener las compras de armamento chileno, y el congresista Juvenal Ordóñez, la impugnación de EE UU a la venta de aviones de Holanda a Chile (el Congreso de EE UU está obligado a aprobarla por tratarse de aviones de fabricación norteamericana).
Al respecto, expongo mis siguientes planteamientos: 1) Cada país es libre y soberano para adquirir armamento y asignar los recursos para sus FF AA de acuerdo a su Constitución y su política de defensa y seguridad nacional. No existe sistema regional de desarme que pueda funcionar sin la determinación política de todos los países sin excepción, en el establecimiento de un porcentaje máximo para gastos militares respecto al PBI, o limitación en cantidades o rendimientos de armas para equilibrar los niveles de fuerzas. Esto sería imposible en el mosaico político de América Latina; 2) La carta de la OEA, si bien se inspira en el anhelo de convivir en paz, solidaridad y buena vecindad, y en afianzar la paz y seguridad del Continente, no puede intervenir en asuntos internos de los Estados. Su artículo 13 postula que “el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere”. Es importante resaltar que su Secretario General es el chileno José Insulza, quien el 23 de setiembre pasado en Washington durante la presentación del nuevo Foro por la Paz indicó: “Aunque la guerra nos parezca impensable, no necesariamente es imposible”; 3) El foro adecuado para tratar este tema sería la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), sin embargo desde su nacimiento en mayo de 2008, ni siquiera se ponen de acuerdo para designar a su secretario general que inicie su institucionalización oficial; y 4) Los EE UU no impugnarán la venta de 18 aviones F-16 de Holanda a Chile. En agosto de 1997 el gobierno del presidente Clinton, justamente para venderle 10 de sus aviones F-16 a Chile, anuló –después de estar vigente 20 años– la directiva PD-13-1977 del gobierno de Carter que prohibía la venta de tecnología militar avanzada en la región para evitar el desequilibrio. Además, en diciembre de 2005 ya aprobó la venta de Holanda a Chile de los 18 anteriores aviones F-16.
En este contexto, para que el Estado peruano garantice la seguridad de la Nación, es imprescindible la asignación de mayores recursos –sería importante la aprobación del 5% del canon minero– para modernizar y repotenciar las unidades de las FF AA, que con más de 35 años de servicio, su equipamiento presenta obsolescencia y tecnología desactualizada, y asimismo por falta de presupuesto, se ven seriamente afectadas en su operatividad y mantenimiento.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2009
Este armamento netamente ofensivo y de alto poder destructivo que forma parte de una irrazonable carrera armamentista chilena, ha creado en nuestro país una comprensible preocupación y generado un gran debate en el que el congresista Luis Gonzales Posada ha propuesto que la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenga para detener las compras de armamento chileno, y el congresista Juvenal Ordóñez, la impugnación de EE UU a la venta de aviones de Holanda a Chile (el Congreso de EE UU está obligado a aprobarla por tratarse de aviones de fabricación norteamericana).
Al respecto, expongo mis siguientes planteamientos: 1) Cada país es libre y soberano para adquirir armamento y asignar los recursos para sus FF AA de acuerdo a su Constitución y su política de defensa y seguridad nacional. No existe sistema regional de desarme que pueda funcionar sin la determinación política de todos los países sin excepción, en el establecimiento de un porcentaje máximo para gastos militares respecto al PBI, o limitación en cantidades o rendimientos de armas para equilibrar los niveles de fuerzas. Esto sería imposible en el mosaico político de América Latina; 2) La carta de la OEA, si bien se inspira en el anhelo de convivir en paz, solidaridad y buena vecindad, y en afianzar la paz y seguridad del Continente, no puede intervenir en asuntos internos de los Estados. Su artículo 13 postula que “el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere”. Es importante resaltar que su Secretario General es el chileno José Insulza, quien el 23 de setiembre pasado en Washington durante la presentación del nuevo Foro por la Paz indicó: “Aunque la guerra nos parezca impensable, no necesariamente es imposible”; 3) El foro adecuado para tratar este tema sería la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), sin embargo desde su nacimiento en mayo de 2008, ni siquiera se ponen de acuerdo para designar a su secretario general que inicie su institucionalización oficial; y 4) Los EE UU no impugnarán la venta de 18 aviones F-16 de Holanda a Chile. En agosto de 1997 el gobierno del presidente Clinton, justamente para venderle 10 de sus aviones F-16 a Chile, anuló –después de estar vigente 20 años– la directiva PD-13-1977 del gobierno de Carter que prohibía la venta de tecnología militar avanzada en la región para evitar el desequilibrio. Además, en diciembre de 2005 ya aprobó la venta de Holanda a Chile de los 18 anteriores aviones F-16.
En este contexto, para que el Estado peruano garantice la seguridad de la Nación, es imprescindible la asignación de mayores recursos –sería importante la aprobación del 5% del canon minero– para modernizar y repotenciar las unidades de las FF AA, que con más de 35 años de servicio, su equipamiento presenta obsolescencia y tecnología desactualizada, y asimismo por falta de presupuesto, se ven seriamente afectadas en su operatividad y mantenimiento.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2009