En la madrugada del día 28 de junio el Congreso hondureño tomó el poder a través de un golpe de Estado y designó como presidente interino del país a Roberto Micheletti, quien era presidente de dicho Poder Legislativo. Según su manifestación, las elecciones se realizarán el próximo 29 de noviembre, él no se presentará y entregará el poder al ganador el 27 de enero de 2010.Este golpe de Estado no puede ser aceptado ni justificado, sino por el contrario, condenado y reprobado por tratarse de un hecho que quiebra el ordenamiento democrático y la legalidad internacional. Sin embargo es necesario hacer una lectura de esta crisis institucional que nos permita reflexionar sobre sus alcances y perspectivas en el contexto democrático de la región.
Manuel Zelaya, militante del derechista Partido Liberal (PL) asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2006 por cuatro años, hasta el 27 de enero de 2010. Su ideología de derecha giró sorpresivamente hacia la izquierda enarbolando proyectos de “poder ciudadano”, “participación” y “revolución pacífica”, que podrían mostrarse auténticos si no fuera por su marcado alineamiento a los gobiernos autoritarios de Venezuela y Cuba.
Como los comicios generales estaban programados para realizarse el 29 de noviembre próximo, el presidente Zelaya comenzó meses atrás a preparar la convocatoria a una “consulta popular” para implementar una Asamblea Constituyente –declarada ilegal por la propia institucionalidad hondureña–, actitud que fue interpretada por la oposición como un intento para alcanzar una reelección al estilo de Venezuela, Bolivia y Ecuador, considerando además que las urnas y el material electoral fue fabricado y enviado desde Venezuela. Según la Corte Suprema, el Congreso, el organismo electoral y su mismo Partido Liberal, el presidente hondureño estaba violando empecinadamente la Constitución, argumento empleado para concretar este golpe de Estado.
La comunidad internacional ha condenado unánimemente esta acción pidiendo el restablecimiento del orden constitucional, sin embargo la reacción más furibunda y con amenazas de invasión militar venezolana fue de parte de los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), creada el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, justamente por Hugo Chávez y Fidel Castro, cuyo fundamento para perpetuarse en el poder es el autoritarismo y las formas antidemocráticas. Zelaya desde su adhesión al ALBA, el 25 de agosto de 2008, reafirmó estas convicciones; en dicha ocasión manifestó que “Honduras y el pueblo hondureño no tienen que pedirle permiso a ningún imperialismo para suscribir el ALBA” y además, con elogios y halagos desmedidos agradeció a Chávez “por abrir este espacio de libertad para Latinoamérica y el Caribe”. Venezuela apoya a Honduras con considerables fondos para el banco agrícola, maquinarias y empresas alimentarias, además de subvencionarle el petróleo y el gas. También Cuba le brinda amplios programas de salud y educación.
En este panorama, la lectura de este golpe en el contexto democrático nos debe hacer reflexionar sobre su origen vinculante con modos y actitudes de gobiernos dictatoriales y antidemocráticos como los de Chávez, Castro y sus aliados, quienes están promoviendo peligrosamente un modelo progresista marxista, y si se les permite seguir avanzando subvertirán las bases de la democracia e impondrán progresivamente más dictaduras en al región.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de 2009
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