El pasado 28 de setiembre, el canciller peruano José García Belaúnde propuso ante la Asamblea General de la ONU un pacto de no agresión regional. Aunque tal ponencia no estuvo dirigida a Chile, la presidenta Michelle Bachelet se dio por aludida y afirmó que su país “no está en una carrera armamentista y no tiene una política de agresión, sino defensiva y disuasiva”. Tal aseveración no corresponde a la realidad. La cantidad, características y performance del armamento adquirido en forma sostenida por Chile, con gastos de más de US$ 20,000 millones, corresponde a una irrefutable carrera armamentista.Aunque políticamente fijen a sus FF AA un carácter defensivo, el inventario militar demuestra que es netamente ofensivo: 46 cazabombarderos F-16 (18 de ellos los recibirán el 2010); 2 submarinos “Escorpene” con misiles; 8 fragatas misileras; 140 tanques Leopard II; 100 vehículos de combate Marder; 30 helicópteros, entre Bell-412, AS-535 Súper Puma y Cougar; 8 aviones antisubmarinos C-295; 12 aviones de ataque Súper Tucano; patrulleras marítimas; y un satélite, según el ministro de Defensa Francisco Vidal, de “obvio” uso militar; además de una indeterminada cantidad de armas (misiles, torpedos y municiones) adquiridos con decretos supremos reservados, exentos de toma de razón y refrendación, al amparo de su Ley Reservada del Cobre.
En cuanto a su política disuasiva, es importante resaltar que el Libro Blanco de Defensa chileno la define como un efecto que se crea en la percepción adversaria acerca de la fortaleza de las capacidades y voluntad política del país disuasorio para emplear el Poder Nacional en resguardo del Interés Nacional, y que además exige hacer creíble la voluntad y capacidad de emplear la fuerza militar si fuese necesario. Claros ejemplos son la ubicación de toda su flota aérea cerca de nuestra frontera, o el nombre y concepción estratégica del operativo “Salitre 2009” a realizarse en Antofagasta.
Debemos considerar positiva la propuesta del Perú sobre un pacto de no agresión regional, sin embargo, como cada país es soberano y libre de implementar su política de Defensa y la mayoría ha optado por fortalecer sus FF AA, no se avizora unanimidad para un acuerdo ni un cambio de situación.
Aparte de dicha propuesta, es responsabilidad del gobierno, como política de Estado y mandato constitucional, otorgar los recursos necesarios para contrarrestar la reducida operatividad de nuestras FF AA.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de 2009
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