La multiplicidad de formas que reviste la informalidad en nuestro sector laboral así como la importancia que ha cobrado la economía informal en los segmentos tradicionales y emergentes, nos obliga a reexaminar esta problemática cuyo producto con relación al PBI –que llegaría hasta 50%– es de los más altos del mundo. Según el informe del 15 de abril pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la informalidad en nuestro mercado laboral llega a 67.9%, una de los más altas de la región.
Nuestra fuerza laboral es fundamentalmente informal. Se calcula que de 15 millones de la población económicamente activa (PEA) al 2008, alrededor de 10 millones pertenecen al sector informal. La carencia de empleos genera informalidad y constituye el único medio de subsistencia, en especial para miles de jóvenes que al término de sus estudios se ven obligados a incorporarse al sector informal recibiendo un bajísimo nivel de ingresos y careciendo de protección social. Como ejemplos, en los centros comerciales de la Avenida Abancay, en el centro de Lima, el 75% de trabajadores son informales, y solo en el sector minería se calculan más de 150 mil.
Un estudio presentado en octubre pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cipesa) de la Universidad Católica del Perú, señala que en el período 1998-2008 un 21.7% de los trabajos formales se convirtieron en informales, demostrando que el empleo que se genera es básicamente informal. Asimismo, en junio de 2008 el ministro de Trabajo explicó que el 80% de los nuevos empleos es informal o subempleado, y solo de 15% a 20% es formal.
Nuestro país no cuenta con una Ley General de Trabajo. En 1990 se adoptó una reforma laboral con 9 tipos de contrato y hoy existen cerca de 30, pero no han ayudado al traspaso de trabajadores informales al sector formal. Un proyecto de dicha ley se encuentra entrampado hace años en el Congreso de la República. Según sus opositores, estaría circunscrito solo a los trabajadores formales y además contendría requisitos muy complejos que no impulsarán la formalización del empleo ni la de cientos de miles de pequeñas empresas.
En este contexto, la alta cantidad de trabajadores excluidos de las estructuras formales debe obligar al gobierno a generar más empleo, apoyar la formalización del sector informal, así como garantizarles protección social por encontrarse más expuestos a una situación de precariedad y pobreza.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de noviembre de 2009
Nuestra fuerza laboral es fundamentalmente informal. Se calcula que de 15 millones de la población económicamente activa (PEA) al 2008, alrededor de 10 millones pertenecen al sector informal. La carencia de empleos genera informalidad y constituye el único medio de subsistencia, en especial para miles de jóvenes que al término de sus estudios se ven obligados a incorporarse al sector informal recibiendo un bajísimo nivel de ingresos y careciendo de protección social. Como ejemplos, en los centros comerciales de la Avenida Abancay, en el centro de Lima, el 75% de trabajadores son informales, y solo en el sector minería se calculan más de 150 mil.
Un estudio presentado en octubre pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cipesa) de la Universidad Católica del Perú, señala que en el período 1998-2008 un 21.7% de los trabajos formales se convirtieron en informales, demostrando que el empleo que se genera es básicamente informal. Asimismo, en junio de 2008 el ministro de Trabajo explicó que el 80% de los nuevos empleos es informal o subempleado, y solo de 15% a 20% es formal.
Nuestro país no cuenta con una Ley General de Trabajo. En 1990 se adoptó una reforma laboral con 9 tipos de contrato y hoy existen cerca de 30, pero no han ayudado al traspaso de trabajadores informales al sector formal. Un proyecto de dicha ley se encuentra entrampado hace años en el Congreso de la República. Según sus opositores, estaría circunscrito solo a los trabajadores formales y además contendría requisitos muy complejos que no impulsarán la formalización del empleo ni la de cientos de miles de pequeñas empresas.
En este contexto, la alta cantidad de trabajadores excluidos de las estructuras formales debe obligar al gobierno a generar más empleo, apoyar la formalización del sector informal, así como garantizarles protección social por encontrarse más expuestos a una situación de precariedad y pobreza.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de noviembre de 2009