Horas antes de iniciarse el año 2010 se produjo un grave motín en el penal Huancas, en Chachapoyas, Amazonas, en el que unos 250 reclusos –de 560 en total– tomaron el local que contaba con solo nueve agentes –de 45 asignados– del instituto Penitenciario (INPE), manteniendo como rehenes al director del penal y los agentes, con un saldo de dos reclusos muertos y varios heridos. Recién después de 20 horas en que sus demandas fueran aceptadas, el motín fue develado. En febrero de 2009 en este mismo penal se amotinaron 150 internos, quedando once heridos. También el pasado día 2 se fugaron cuatro narcotraficantes del penal de Abancay, Apurímac, en circunstancias que los agentes que vigilaban la entrada le abrieron la puerta a una mujer que en complicidad de dos hombres armados, les dispararon logrando ingresar al interior del penal para cubrir dicho escape.La inseguridad y corrupción en los penales se incrementó durante el año 2009. En febrero se detectó una escandalosa fuga de cuatro narcotraficantes del penal de Lurigancho en Lima utilizando recursos falsificados de hábeas corpus. La ministra de Justicia de ese entonces, Rosario Fernández, advirtió que declararía el INPE en emergencia para “sacar a toda la gente corrupta”, lo cual nunca se concretó. La ex jefa del INPE, Rosa Mavila, al tratar sobre estas fugas y la necesidad de reestructurar dicho instituto, manifestó que “en las prisiones, la corrupción no es un fenómeno aislado sino sistemático, producto de las alianzas entre los operadores encargados del control y núcleos de presos”.
Asimismo en febrero, en el penal de Quencoro, Cusco, durante una fiesta de carnavales de las internas con participación de los agentes del INPE –autorizado por la directora del penal–, cinco de los agentes violaron a cinco internas. Además en mayo, se escaparon 44 internos del penal de San Humberto, en Bagua Grande, Amazonas, llevándose un fusil AKM de la policía. Lo increíble es que solo 3 meses antes requisaron de este penal 40 armas punzocortantes, droga, marihuana, 300 litros de chicha fermentada, machetes, verduguillos, navajas, once celulares y cámaras fotográficas.
Bajo este panorama, existen graves deficiencias penitenciarias que debería obligar al gobierno a declarar en emergencia al INPE y ejecutar una reforma integral del sistema penitenciario nacional, que busque solucionar los problemas de seguridad, corrupción, coimas, hacinamiento, tugurización, y de una infraestructura en críticas condiciones, con el fin que los penales puedan operar como verdaderos centros de resocialización.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de enero de 2010
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