El pasado día 15 el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) difundió datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ETI-2007) sobre el trabajo en el Perú de niños y adolescentes entre 6 y 17 años, precisando que 2’115,400 (28% de la población infantil) se encuentran incursos en el proceso productivo del país.Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –entidad que brindó apoyó técnico y financiero para la realización de esta encuesta– las cantidades son mucho mayores ya que se trata de 3’300,000 niños y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 años (42% de una población infantil de 7.9 millones en estas edades). Para el especialista regional de la OIT, Guillermo Dema, “en América Latina el Perú estaría en la cima de los países con mayor tasa de trabajo infantil”, añadiendo que el 66.7% de los niños entre 5 y 13 años se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y minería, y que el 70% del total de esta actividad infantil en nuestro país se hace en condiciones consideradas peligrosas.
El trabajo infantil pone en riesgo la educación escolar de los niños y adolescentes, les afecta la salud e interfiere con los derechos a su bienestar y desarrollo físico, mental, moral o social. En el año 1990 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el año 2002 los Convenios 182 y 138 de la OIT sobre acciones inmediatas para eliminar las peores formas de trabajo infantil, y la edad mínima de 14 años para trabajar pero sin riesgo para su bienestar y desarrollo.
Por tal motivo resulta realmente grave que los índices se sigan incrementando desde el año 1966. La Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO-1996) registró 1’359,000 trabajadores infantiles (16% de la población infantil), aumentando el 2001 a 1’987,000 (29%), y el 2007 hasta 3’300,000 (42%) según la OIT.
Bajo este panorama, a pesar de contarse con un Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo infantil-2005 se ha avanzado muy poco para reducir esta cruel actividad que genera abuso laboral y sexual, maltrato y drogas, que ocasiona traumas emocionales y marca la personalidad de los niños, incidiendo además en el recrudecimiento de la pobreza e inequidad social. A pesar del elogiado crecimiento económico en nuestro país, no se ha podido revertir esta angustiante realidad. Es necesaria la intervención más dinámica del gobierno, una mayor articulación entre las instituciones involucradas en la problemática social, así como la implementación de eficaces políticas de protección y prevención de la infancia.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de febrero de 2010
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