
Solo en Lima, de una población económicamente activa (PEA) de 4’786,500, el 47.3% (2’264,015) está adecuadamente empleada; el 43.1% (2’062,981) subempleada –con mínimos salarios, sin acceso a seguro social, jubilación ni derechos sindicales–; y el 9.6% (459,504) desempleada. Asimismo la precaria Remuneración Mínima Vital (RMV) de US$ 114.5 –estancada hace 2 años– está muy por debajo del promedio regional de US$ 126.2.
Sin embargo uno de los problemas más graves en el mercado laboral peruano es la informalidad, la cual ha crecido de modo vertiginoso. Es la quinta más alta del mundo y representa el 62% del PBI; 9 de cada 10 micro y pequeñas empresas son informales, y en estas trabajan unas 6 millones de personas; asimismo el 80% de nuevos empleos es informal. Tenemos ejemplos: el 80% de las construcciones son informales; más de 100,000 familias viven informalmente reciclando basura; 60,000 mototaxis circulan en Lima sin permiso; de 220,000 establecimientos que expenden bebidas y comidas en el país 160,000 son ilegales; de 5,000 unidades de transporte escolar que circulan en Lima solo 2,181 están autorizadas; de 1,074 imprentas instaladas en el Centro de Lima solo 53 tienen licencia; etc.
Otro problema laboral latente es el trabajo infantil. En esta cruel actividad se encuentran incursos en el proceso productivo del país 2’115,400 niños y adolescentes entre 6 y 17 años, lo cual debe ser erradicado y desterrado por poner en riesgo su educación escolar, su salud, bienestar y desarrollo físico, mental, moral y social.
En este contexto y considerando que unas 300,000 personas se incorporan anualmente al mercado laboral, el gobierno debe generar más empleos dignos y productivos aplicando enfoques orientados al desarrollo, reducción de la pobreza e igualdad de género, además debe incidir en una mayor formalización de micro y pequeñas empresas, e incrementar el salario mínimo con el fin de dinamizar el consumo y fortalecer la industria nacional.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de mayo de 2010