Ante el fracaso de la Oficina Nacional Anticorrupción que operó solo diez meses y fue desactivada en agosto de 2008, el gobierno designó el 4 de setiembre de 2009 al ex contralor Genaro Matute para conformar una “Comisión de Alto Nivel de Lucha Contra la Corrupción”, siendo instalada el 2 de febrero pasado para articular esta lucha entre los tres poderes del Estado, instituciones afines, empresarios, prensa y Acuerdo Nacional; delinear la prevención de actos ilícitos en entidades públicas; y actualizar el Plan Anticorrupción.El pasado día 5 se frustró su primera reunión por inasistencia de siete de sus doce miembros –entre ellos su presidente Javier Villa Stein– en la que iba a analizarse el plan de trabajo y aprobar un pronunciamiento público por las denuncias de corrupción en ventas ilegales de terrenos (Cofopri) para ser difundido el día 8, lo cual no se concretó. Según posición personal del actual coordinador de la Comisión, Genaro Matute, estos actos contribuyen a erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático, y anunció que renunciará como coordinador si el gobierno no tiene respuestas claras frente a la corrupción.
En este contexto, aumentan las denuncias (caso Cofopri) y existe impunidad en otros casos (BTR y petroaudios, fuga de Crousillat, robo de archivos del ministerio de Salud, red de influencias políticas de la Universidad Alas Peruanas, etc.). Además hay más de 10,000 funcionarios y servidores públicos procesados, y persisten otras anomalías como pagos indebidos, prebendas, clientelismo, colusión política, juicios irregulares, etc., lo cual demuestra falta de voluntad política del gobierno y del Congreso en la lucha anticorrupción y el control político, así como incapacidad de la justicia para juzgar los infractores.
Bajo este panorama, la nueva Comisión de Alto Nivel, con falta de voluntad para reunirse, la amenaza de renuncia del coordinador general, y funciones sobredimensionadas, lineamientos y estrategias aún no definidas, los resultados de sus políticas podrían empezar a concretarse en el muy largo plazo. Lo que se requiere urgentemente es que los tres poderes del Estado tengan la convicción de mejorar aspectos plenamente identificados, como ineficiencia de los mecanismos de control y sanción, falta de transparencia y límites en el acceso a la información pública, y educación de la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones frente al Estado. Solo así se podría iniciar un proceso para erradicar este grave y recurrente flagelo que afecta profundamente la imagen, gobernabilidad y democracia de nuestro país.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de mayo de 2010
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