El pasado día 30 de julio el representante comercial de EE UU, Ron Kirk, señaló que el Perú no ha implementado el aparato forestal para prevenir el tráfico ilegal de madera y de fauna salvaje, refiriendo en un comunicado su “profunda preocupación”, ya que desde que entró en vigencia el TLC –el 1 de febrero de 2009– el plazo límite de 18 meses se cumplió el día 1 del presente mes.Llama la atención que el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, haya solicitado “comprensión” a EE UU, cuando dichos compromisos fueron suscritos por nuestro país desde junio de 2007, y en el 2008 fuimos denunciados ante la Oficina de Comercio de EE UU por tres importantes ONGs que velan por los ecosistemas del mundo (EIA, NRDC y WWF) por incumplir la implementación del anexo forestal. Además existen numerosos informes y denuncias documentadas sobre la tala ilegal de caoba y otras especies de valor comercial como cedro, estoraque, shihuahuaco y pumaquiro, dentro de áreas naturales protegidas y reservas territoriales de pueblos en aislamiento voluntario.
El pasado 13 de julio un informe de la Upper Amazon Conservancy (UAC) demuestra que en la reserva territorial Murunahua para indígenas en aislamiento voluntario, en Ucayali, existen muchos campamentos madereros y árboles derribados. El 20 de julio, un informe sobre política forestal y Amazonía de la Defensoría del Pueblo, revela que anualmente perdemos por deforestación y degradación 150 mil hectáreas de bosque, lo cual representa más del 42% del total de emisiones de gases de efecto invernadero; además, advierte sobre el mal estado operativo de las instituciones de control forestal.
Bajo este panorama, la tala y tráfico ilegal de madera debería tener un tratamiento prioritario en el país. No es posible que para el control y salvaguarda de 70 millones de hectáreas de bosques tropicales de nuestra Amazonía –53% del territorio nacional– solo existen 100 efectivos, cuando según el mismo ministro del Ambiente, Antonio Brack, se requieren 3,000. Solo la tala ilegal de caoba y cedro nos genera pérdidas anuales de US$ 250 millones.
El gobierno ha ratificado en la 15ª Conferencia de la ONU, en Copenhague 2009, su posición de reducir a 0% la deforestación neta en nuestros bosques tropicales al 2020, sin embargo, los procesos de tala ilegal y quema se incrementan. La falta de una política nacional forestal, y las reducidas inversiones, no permiten lograr una adecuada ordenación forestal sostenible ni el fortalecimiento de las instituciones forestales de vigilancia y lucha anticorrupción contra el tráfico de madera, que permitan preservar los árboles de nuestros inmensos bosques.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de agosto de 2010
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