En la última encuesta nacional sobre corrupción de Pro Ética difundida el 18 de agosto, el 80% considera que el Perú es un país muy corrupto o corrupto, y representa el mayor problema que enfrentamos. Para el 56% la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal impedimento para lograr nuestro desarrollo. Esta percepción es real ya que existen 10,704 funcionarios y servidores públicos procesados por casos de corrupción de los cuales solo el 8.9% (957) han sido sentenciados, y la mayoría de éstos (798) solo recibieron pena suspendida.
Asimismo, desde que en mayo de 2009 asumió el actual Contralor General de la República, Fuad Khoury, la Contraloría ha denunciado a más de 1,600 funcionarios por irregularidades en el ejercicio de sus funciones, sin embargo éstos continúan en sus puestos, y también a más de 400 funcionarios –de 70 instituciones– por utilizar recursos públicos para fines electorales. La Comisión de Fiscalización del Congreso ya aprobó la otorgación de facultades sancionadoras al Contralor, pero todavía no se ha debatido en el Pleno.
También alertó sobre el abuso del requisito de exoneración de entidades públicas que recurren a organismos internacionales –con inmunidad diplomática– para licitar obras o ejecutar adquisiciones por unos S/. 5,000 millones impidiendo su fiscalización. Además es inexplicable que de 4,048 instituciones públicas que deberían estar sujetas a fiscalización de la Contraloría, solo 700 (17.2%) cuenten con órgano de control institucional. Y en el Poder Judicial, según el Jefe de Control de la Magistratura (Ocma), Enrique Mendoza, esa jefatura investiga a nada menos que 750 jueces a nivel nacional por casos de inconducta funcional, tráfico de influencias, falta de motivación de las resoluciones, retardo de la administración de justicia y/o actos de corrupción.
Las graves denuncias del Contralor presionaron a que el gobierno promulgue el pasado día 17 la ley 29574 para aplicar en Lima el nuevo Código Procesal Penal para delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios, sin embargo, su efectividad está condicionada a la asignación de recursos y al tiempo que requieran los distritos judiciales para implementarlo.
Bajo este panorama en que se incrementan exponencialmente los casos de corrupción, se requerirían cuatro acciones imprescindibles para enfrentar este flagelo: 1) Dictar sanciones más drásticas contra funcionarios y autoridades implicados; 2) Otorgarle al Contralor facultades sancionadoras; 3) Apoyar al fortalecimiento de los órganos de control y aumentar los recursos a la Contraloría; y 4) Establecer la imprescriptibilidad de delitos de corrupción.
Publicado en el diario Expreso, fecha 2 de octubre de 2010
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