Según el último registro difundido por el INEI, entre agosto 2009 y agosto de 2010 la economía peruana ha sumado 12 meses de sólido crecimiento alcanzando 6.47% y con tendencia a incrementarse. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) señalan que el Perú liderará el 2010 la recuperación económica en la región con una tasa de 6.25% y que sale con más fuerza de la crisis. Inclusive Al Gore, ex vicepresidente de los EE UU y Premio Nobel de la Paz 2007, durante su conferencia magistral dictada el pasado día 13 en la ceremonia de clausura del Primer Encuentro Ambiental 3R3, resaltó el “milagro peruano” de nuestra economía. Sin embargo, el gobierno no debe tomar este jubiloso panorama de manera presuntuosa, considerando que los bajos índices de competitividad y los elevados niveles de desigualdad nos conducen hacia un crecimiento no sostenido, y peor aún, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos reitera que existen regiones como Loreto, Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Huánuco con índices de competitividad similares a países atrasados de África, y que entre el 2007 y 2009 aumentaron su índice de pobreza monetaria 404 distritos del país.
Lamentablemente nuestro crecimiento es dependiente más de la exportación de materias primas que de una eficiente producción, es decir, de hacer más con los mismos recursos dándole mayor valor agregado. El mismo politólogo de tendencia liberal, Francis Fukuyama, quien participó el pasado día 13 en La V Cumbre Internacional de Comercio Exterior en nuestro país, nos ha advertido que el crecimiento no será sostenible en el tiempo mientras siga basándose en la exportación de materias primas, además, si antes no se reducen las enormes brechas en infraestructura y educación que aún persisten en el país, y asimismo, que se logre el desarrollo institucional del sector público.
Bajo este panorama resulta fundamental asegurar el ambiente jurídico, tributario, laboral y de negocios que incentive a las empresas a invertir e incorporar nuevas formas de gestión y de recursos humanos calificados. El gobierno tiene la responsabilidad de implementar políticas y reformas de fondo para modernizar el Estado, promover la investigación en nuevas tecnologías de las empresas privadas, universidades, centros de investigación y organismos públicos para introducir innovación en nuestra producción, y mejorar nuestra competitividad, aspectos indispensables para mantener un crecimiento sostenible para el futuro, y por ende, disminuir las desigualdades y brindar un mayor bienestar social a la población.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de octubre de 2010
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