En los últimos días funcionarios públicos del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) en Piura y Cajamarca –y el pasado marzo en Puno e Iquitos– fueron denunciados por actos de corrupción, malos manejos, negociados con alimentos, coimas y uso irregular de fondos. Asimismo, en dos de sus almacenes de Ayacucho fueron encontrados 428 sacos con 12,834 kilos de hidróxido de calcio, y aunque sus funcionarios argumentan su uso para fines agrícolas, fueron confiscados por la División Antidrogas por tratarse de insumos fiscalizados y usados en elaboración de pasta básica de cocaína.
Además del gravísimo caso de corrupción de los “petroaudios”, más de dos años irresuelto e impune, y de la entrega irregular de terrenos del Estado a militantes apristas por parte del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), aumentan los delitos por peculado, contra la fe pública y negociaciones incompatibles. Vemos continuos casos de corrupción y malos manejos en los gobiernos regionales y locales; también de funcionarios de empresas estatales y ministerios por licitaciones irregulares; de jueces y fiscales recibiendo coimas para agilizar juicios y trámites –en un reciente e indignante caso un juez utilizó a su hijo de 12 años para recibir una coima de S/. 300–; asimismo, incomprensibles y arbitrarias absoluciones a narcotraficantes y terroristas, y hasta el frívolo caso de la jefa de la entidad nacional recaudadora de impuestos (Sunat) usando oficialmente un lujoso automóvil porsche turbo de unos US$ 100,000.
Vemos también con estupor inauditos e intolerables casos de corrupción con donaciones y/o recursos para los más pobres y necesitados. En Ica, se encontraron medicinas vencidas en 500 cajas donadas durante el terremoto de agosto de 2007, a pesar de la necesidad de muchísimos enfermos; en Moquegua, se detectaron miles de kilos de ropa y alimentos no distribuidos a los pobladores afectados por el friaje; en Chimbote, denunciaron una escandalosa sobrevaloración de precios en equipos médicos hospitalarios, en Tumbes entregas irregulares de calaminas a personas no afectadas por las lluvias, y asimismo, en el programa nacional del Vaso de Leche, serias irregularidades en su entrega y su bajo valor nutricional.
Bajo este panorama, el Contralor de la República acaba de informar que existen 1,725 funcionarios denunciados que siguen trabajando en la administración pública. Esta situación de impunidad requiere de una enérgica acción del Estado, por lo que es indispensable y urgente el otorgamiento de facultades a la Contraloría para que pueda suspender, sancionar o separar a los funcionarios responsables de actos de corrupción.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de noviembre de 2010
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