El pasado día 26 de octubre la organización Transparencia Internacional presentó en Berlín, Alemania, su Índice Anual de Percepción de la Corrupción 2010, el cual clasifica el grado de corrupción percibida entre los funcionarios públicos y políticos, particularmente sobre el abuso del servicio público en beneficio personal, sobornos, pagos irregulares en contrataciones públicas y malversación de fondos, así como la efectividad de iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos.
Según este índice, el Perú ha caído del puesto 75 al 78 entre 178 países evaluados, alcanzando solo 3.5 puntos sobre 10. Cabe resaltar que los países que no llegan a los 5 puntos muestran un “grave problema de corrupción”, y en Sudamérica solo sobrepasan esta puntuación Chile con 7.2 (puesto 21) y Uruguay con 6.9 (puesto 24). Resulta además muy preocupante que durante los últimos 10 años nuestro país solo ha oscilado entre 3.3 y 3.7 puntos, no avizorándose posibilidades para sobrepasar la barrera de 5 puntos, lo cual demuestra que la espiral de la corrupción avanza sin freno porque la lucha contra este flagelo no está funcionando debido a la imposibilidad de eliminarse los incentivos e impunidad que la generan.
Durante los últimos años han proliferado el nombramiento de zares anticorrupción, comisiones, consejos y oficinas nacionales anticorrupción, así como una última Comisión de Alto Nivel Anticorrupción creada en enero pasado; además contamos con un Plan Nacional Anticorrupción y un nuevo Código Procesal penal en implementación, sin embargo, no paran las frecuentes denuncias de pagos y gastos irregulares en contrataciones públicas, sobornos a funcionarios públicos, malversaciones de fondos y funcionarios implicados en asuntos de corrupción. El Contralor General de la República reveló en setiembre pasado, durante su presentación a la Comisión de Fiscalización del congreso, que esa institución estima en S/. 6,000 millones el monto perdido por el Estado peruano debido a acciones de funcionarios corruptos, y asimismo, que en los últimos 9 años se presentaron más de 47,000 informes de control sobre hechos irregulares cometidos por funcionarios plenamente identificados, pero solo el 23% de ellos recibieron sanción.
Bajo este panorama, el actual gobierno ya está al final de su mandato y no ha adoptado medidas anticorrupción adecuadas ni eficientes para enfrentar el flagelo de la corrupción. Todos los ciudadanos deberíamos exigir que los partidos políticos que pretenden llegar al poder dediquen excesiva atención a este grave problema que amenaza peligrosamente las expectativas de desarrollo sostenido y nuestra moral nacional.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de noviembre de 2010
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