El pasado día 9 el presidente Alan García manifestó que para el 2021, año en que se cumple el bicentenario, el Perú tendrá las condiciones de un país desarrollado con una población cuyas necesidades estén cubiertas. Al respecto, dicha aseveración estaría fundamentada solo en el crecimiento económico (PBI) que bordea el 9%, el cual además se sustenta principalmente en los altos precios de los minerales y no en aumento de productividad. Sin embargo para alcanzar las condiciones de país desarrollado se debe además considerar y cuantificar muchos otros factores.
Los países desarrollados tienen un alto PBI per cápita, es decir, elevados ingresos medios por persona por encima de US$ 20,000 anuales, lo cual permite satisfacer adecuadamente sus necesidades y mantener un apropiado nivel de consumo. También poseen una gran industria con tecnología avanzada; alto índice de desarrollo humano y elevada calidad de vida, que se refleja en el desarrollo de una vasta infraestructura y en la cantidad y calidad de servicios de salud, educación, vivienda, culturales, etc., y además presentan estabilidad política y estructuras estatales e instituciones sólidas.
En este contexto el Perú se encuentra muy lejos y a muchas décadas de lograr el desarrollo que todos anhelamos. Nuestro PBI per cápita es solo de US$ 5,000 y se prevé que para el 2015 llegaría a US$ 6,500 –en Sudamérica, Chile actualmente registra US$ 15,000, Argentina US$ 14,000 y Brasil US$ 10,000–. Además, nuestro desarrollo industrial es escaso y se basa en mano de obra barata y un capital humano sin capacitación tecnológica; destinamos recursos naturales fundamentalmente a la exportación; no invertimos en ciencia, tecnología e innovación lo que no permite mejorar nuestra competitividad; tenemos reducido desarrollo humano y bajo nivel de vida; los servicios básicos son de baja calidad e inaccesibles a gran porcentaje de la población; la infraestructura es deficiente y la protección del medio ambiente inadecuada; existe desigualdad en la distribución de la riqueza, además de marginación, inequidad y exclusión, que generan subempleo, desocupación, informalidad, evasión de impuestos y conflictos sociales, y por último, una corrupción muy alta de funcionarios públicos y políticos.
Bajo este panorama los candidatos presidenciales, en lugar de plantear promesas electoreras o estimular entredichos entre ellos, deberían debatir sobre estos temas de importancia nacional. Si los gobiernos se empeñaran en enfrentarlos con voluntad política, metas, y políticas concretas, nuestro país podría aspirar en un futuro, aún lejano, a alcanzar la condición de desarrollo que se traduzca en dignas condiciones de vida para la población.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de enero de 2011
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