Hoy, 1° de enero iniciamos un nuevo año cargados de esperanzas pero también de incertidumbres. A pesar del crecimiento económico y de positivos indicadores macroeconómicos –que son impulsados en gran porcentaje por una coyuntura de altos precios de los minerales como el cobre, oro y plata, entre otros–, éstos no se condicen con los enormes índices de desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza, y en la exclusión social, lo cual afecta el bienestar de gran parte de la sociedad de nuestro país.
En este contexto, el Estado peruano se presenta como un pésimo servidor público que no canaliza las demandas y está distante de una ciudadanía que no se siente representada ni identificada con él, principalmente en áreas relacionadas con el bienestar, servicios de salud, calidad de educación, atención de servicios básicos, falta de empleos dignos, bajas remuneraciones, políticas y programas sociales desarticulados e ineficaces, ineficiencia administrativa, alta propensión al dispendio y uso ilícito de los recursos mediante prácticas corruptas, inseguridad, etc. Estos son los puntos más débiles del actual y de anteriores gobiernos, cuya solución requiere de una profunda reforma del Estado que introduzca mecanismos de eficiencia para devolver al aparato estatal su razón de ser: “servir mejor a los ciudadanos”.
Desde hace décadas, y especialmente durante las campañas electorales, los candidatos ofrecen políticas, medidas y reformas estructurales en beneficio de la sociedad. Asimismo, los gobiernos coinciden en la urgente necesidad de reformar el Estado para lograr eficiencia y previsión, sin embargo muy poco se ha avanzado para concretarla. Dicha reforma debería considerar, entre otros, en el Ejecutivo: modernización de la gestión y gerencia estatal, estructura de los ministerios, mecanismos de vigilancia y control ciudadanos, reforzamiento de la institucionalidad y la sociedad en la lucha contra la corrupción, creación de una carrera pública profesional, homologación de remuneraciones del sector público, así como la eliminación de la evasión tributaria, la informalidad y el narcoterrorismo. En el Legislativo: sistema bicameral, voto voluntario, renovación por tercios. Y en la administración de Justicia: reformar el injusto y lento sistema que actualmente tiene 2’500,000 expedientes sin sentencia.
Bajo este panorama, una profunda reforma integral del Estado es un asunto de consenso general en la sociedad peruana, y debería ser un objetivo impostergable del próximo gobierno si tuviera la verdadera convicción de promover la justicia social, garantizar un mejor servicio a la población, mejorar el bienestar del país y brindar una mayor esperanza hacia el futuro.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de enero 2011
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