El pasado día 10 se realizó el proceso electoral presidencial en el Perú, y no habiendo alcanzando ninguno de los candidatos el porcentaje de votos requerido, el próximo 5 de junio se efectuará una segunda vuelta electoral entre los dos que alcanzaron los mayores porcentajes. En esta situación, se reiniciará una nueva campaña en la que deberían debatir y explicar la forma de como enfrentarán los principales problemas que aquejan al país, entre ellos, la solución al crucial problema de la informalidad, el cual ha sido dejado de lado en esta campaña electoral a pesar de que representa la mezcla todos los males del país.
La informalidad refleja subdesarrollo; es una voz de alerta, un síntoma de políticas inadecuadas y, más profundamente, una falta de confianza en el Estado, en sus instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el propio gobierno, y los partidos políticos. Las deficiencias en educación afectan las capacidades organizacionales de los empresarios, que recurren a la informalidad como un recurso para suplir su falta de competitividad, pero bloquean su posibilidad de crecer; los sistemas de impuestos y regulación mal diseñados crean perversos incentivos que fomentan la informalidad; las deficiencias en infraestructura aumentan la vulnerabilidad de las empresas formales frente a las informales; y la corrupción y falta de transparencia profundizan sus raíces culturales; además, es la principal causante de nuestra baja productividad que adolece de una reducida capacidad para introducir innovación en los procesos productivos. Y así, la lista se extiende casi sin límite.
En el Perú la informalidad es una de las más altas del mundo. Tenemos ejemplos: el 60% del PBI del país es informal, también lo es el 80% de la población económicamente activa, y solo un tercio de los trabajadores están en planilla; existen 10 millones de trabajadores informales que representan el 68% de mano de obra del mercado laboral; alrededor de 100,000 personas están dedicadas a la minería informal; más de 100,000 personas trabajan ilegalmente en el transporte de personas, carga y mercaderías; el 50% de personas recurren a métodos informales para acceder a créditos; el 70% de las viviendas están informalmente construidas; y para colmo, más de 10 millones de litros de pisco, nuestro producto de bandera, se produce anualmente de manera informal.
Bajo este panorama, los dos candidatos deberían tener en cuenta el grave impacto que ocasiona la altísima informalidad en nuestro país y debatir sobre las acciones e implementación de políticas sociales para superar las causas que la originan, y fijar una meta para reducirla al 2016 como parte integral de la agenda más amplia del desarrollo del país.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de abril de 2011
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