El pasado día 3, Jaime Antezana –experto en temas de narcotráfico– manifestó que el nuevo Congreso electo tendría una “narcobancada” compuesta por unos 10 legisladores que estarían vinculados directa o indirectamente a la producción ilegal de coca y lavado de activos, 8 de ellos serían de las filas de Gana Perú y Fuerza 2011, partidos que han pasado a la segunda vuelta electoral. Anteriormente, el 14 de febrero advirtió sobre un “narcopoder” que pretende una representación política, ya que al menos 18 personajes vinculados al tráfico ilícito de drogas estaban postulando al Congreso.
Recordemos que en los años 90, durante el gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos formó una red para delinquir en tráfico ilícito de drogas y lavado de activos empleando el Estado. En 1995 se inició el proceso por narcotráfico de Fernando Zevallos, que como dueño de la empresa Aero Continente se ligó a políticos, jueces, vocales, congresistas y ministros. En el 2005 los presidentes de las regiones Cusco, Puno y Huánuco dictaron ordenanzas para libre cultivo de hojas de coca, a pesar que alcanzamos el primer lugar a nivel mundial (actualmente 64,788 hectáreas), y el 90% va al narcotráfico que produce el 40% de toda la cocaína distribuida en el mundo.
También en las elecciones municipales del 2006 dos candidatos apristas estuvieron relacionados con el narcotráfico. En el 2007 el principal asesor de la ministra de Justicia fue denunciado por defender narcos. En el 2009 se denunció la relación de la lideresa del PPC, Lourdes Flores, con César Cataño, investigado por lavado de activos, y asimismo, el principal asistente de la congresista humalista Nancy Obregón cayó con 140 kilos de droga. Además, es increíble que el congresista recién electo de Gana Perú y dirigente cocalero de Ayacucho, Walter Acha, reconozca que los cocaleros venden hoja de coca a “coqueras o tronqueras” ya que compran la sobreproducción a mejor precio, añadiendo desvergonzadamente que “no se puede negar que esto debe ir al narcotráfico”.
Bajo este panorama, el narcotráfico con su poder económico y corruptor busca influir en el poder político o llegar directamente a él para fortalecer su ilícito negocio, financiando a partidos políticos o campañas electorales, evitando leyes o medidas que los perjudican o promocionando otras que los favorezcan, o corrompiendo a autoridades políticas, policiales o judiciales. La grave denuncia de Antezana debe ser prioritariamente investigada y asimismo, debería prohibirse la juramentación de congresistas elegidos que estén incursos en un proceso de investigación sobre narcotráfico para evitar que evadan la acción de la justicia cobijándose en la inmunidad parlamentaria.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de mayo de 2011
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