El pasado 23 de junio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su último “Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú - 2011”, el cual, a pesar de su grave significado, ha pasado desapercibido por la agenda política. Según este informe los cultivos ilegales de coca han aumentado sostenidamente por quinto año consecutivo –de 48,220 hectáreas el 2005 a 61,200 el 2010 (+27%)–, sin embargo, de manera inconcebible, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, consideró como “buena noticia” el incremento del 2.2% de hectáreas, por ser menor que el de 2008 (4.5%) y 2009 (6%), cuando una de las principales metas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011 –que él mismo elaboró– proyectaba una reducción de cultivos en 40%, por lo que deberíamos tener 32,220 hectáreas y no casi el doble (61,200). Todo un verdadero fracaso.
Igualmente otra importante meta comprometía la disminución en 10% de la prevalencia anual de consumo de drogas entre escolares, sin embargo esta viene aumentado exponencialmente, al extremo que en Amazonas, Madre de Dios, Junín y Tumbes, el consumo de cocaína se ha incrementado hasta 400%. Además, la producción de hoja de coca seca al sol ha aumentado entre 2005 y 2010 de 97,000 a 129,500 toneladas (+33.5%), de la cual solo 9,000 es para consumo tradicional y las restantes 120,500 para uso del narcotráfico. Nuestra producción potencial de cocaína también aumenta debido al rendimiento de productividad del cultivo ilegal por mejor manejo tecnológico y eficiencia de los laboratorios de drogas.
Entre los principales problemas de la actual estrategia antidrogas tenemos: 1) Se fundamenta en la erradicación de cultivos, pero sin complementarse con programas de desarrollo integral y alternativos por falta de recursos; 2) Es notoria la falta de articulación institucional, de capacidad y apoyo, y de labores de inteligencia; 3) Es deficiente el control de insumos químicos, principalmente en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y ni siquiera se han implementado garitas de control considerando que el narcotráfico usa anualmente entre 20,000 y 30,000 toneladas de éstos; 4) Son muy limitadas las acciones de interdicción y control costero y marítimo –la principal vía de salida de la droga– por falta de voluntad política del gobierno para otorgar recursos a la Marina de Guerra para ejecutar estas acciones.
Bajo este panorama, por los pésimos resultados de las metas proyectadas la estrategia antidrogas 2007-2011 ha fracasado totalmente. Tal como resalta el presente informe, es necesario que el nuevo gobierno contemple el replanteamiento o reorientación de las actuales políticas antidrogas, así como el reforzamiento del combate al narcotráfico y a la corrupción.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de julio de 2011
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