El Presidente de la República Ollanta Humala durante su mensaje en el Congreso el pasado 28 de julio manifestó: “Reconstruiremos una verdadera marina mercante del Perú para ejecutar lo que dispone la ley de reactivación y promoción de la marina mercante nacional”. Nuestra marina mercante terminó de colapsar durante el gobierno del ex presidente Fujimori con la dación de los decretos legislativos 644 y 683 del 22 de junio y 2 de noviembre de 1991, respectivamente, los que liberaban el acceso a las cargas y grababan los aranceles para la adquisición de naves oceánicas, sin embargo, a pesar que iba a afectarse la flota no se implementaron las políticas requeridas para su futuro desarrollo.
Durante los dos últimos gobiernos de los ex presidentes Toledo y García, a pesar que prometieron promover su reactivación no tuvieron la visión de futuro de estadista ni la voluntad política para realizarla. Por tal motivo nuestra marina mercante se encuentra en la peor crisis de su historia, no obstante que nuestro comercio marítimo representa el 90% del comercio exterior y capta casi el total de divisas de nuestra producción, y asimismo, poseemos un litoral de 3,079 km y nuestro Mar de Grau con 1’140,646 km2 que nos vinculan estratégicamente con la cuenca del Pacífico, que representa el 55% del PBI mundial y 3 mil millones de consumidores.
Al final del gobierno de Toledo, el 22 de julio de 2005, fue promulgada la ley 28583 “Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional” para apoyar a las empresas navieras nacionales para que participen competitivamente en el transporte marítimo mundial, pero nunca fue reglamentada. En el gobierno de García se argumentó su falta de claridad en incentivos económicos y tributarios, y así, el 17 de diciembre de 2008 se promulgó una nueva ley 29475 modificando la anterior (28583), en plazos de operación y regímenes de importaciones y tributarios, pero tampoco fue reglamentada.
Bajo este panorama, la ley de reactivación de la marina mercante que ha referido el presidente Humala en su mensaje, como base para reconstruir nuestra flota, tiene más de 6 años de promulgada e increíblemente no ha sido reglamentada. Esperemos que el actual gobierno priorice esta acción para que la ley alcance el objetivo planteado y sea aplicada a corto plazo.
Una vez reactivada nuestra marina mercante, el Estado dejará de pagar entre US$ 2,000 y US$ 3,000 millones anuales por fletes a naves de bandera extranjera, asimismo, contaremos con una reserva naval estratégica, se incentivará la construcción de naves en el Servicio Industrial de la Marina (SIMA), y nuestros más de 1,200 oficiales egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante (ENAMM), que están obligados a trabajar en buques extranjeros, podrán hacerlo en nuestra flota mercante nacional.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de agosto de 2011
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