Durante las últimas semanas hubo un gran debate sobre la urgente necesidad de resolver la problemática de seguridad interna en nuestro país incluyéndose el tema de los penales. El fiscal de la Nación recomendó la apertura de El Frontón “para recluir los delincuentes más peligrosos y evitar que sigan liderando bandas criminales desde las cárceles”. La congresista Rosa Mávila propuso la construcción de un penal de máxima seguridad en Puno ya que “a esa zona si le temen los malhechores”. El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, sostuvo que cada año se van a construir y ampliar penales ya que “el problema está en el déficit de espacio”, y equivocadamente aseguró que “la resocialización del interno pasa por atender el hacinamiento”.
Ambos aspectos –infraestructura y resocialización– son mandatos constitucionales que el sistema penitenciario incumple de manera flagrante. El artículo 139 de nuestra Constitución, que consagra los principios de la función jurisdiccional, en el inciso 21 dispone: “El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados”, sin embargo la sobrepoblación carcelaria alcanza el 76.53%; existen 48,580 internos pero solo existe capacidad para 27,520, lo cual se traduce en hacinamiento crítico, violencia, abusos, descontrol y desorden, y según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 2017 serán 60,000 (casi 2,000 internos más por año). Asimismo, el inciso 22 dispone: “…el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora penitenciaria como fundamento para el tratamiento de los internos, pero esto no se ejecuta en los penales.
Bajo este panorama, nuestro sistema penitenciario además de no cumplir con la Constitución, encierra una de las más graves manifestaciones de violencia, donde la mayoría de derechos son conculcados y desde donde, dentro de un círculo vicioso, se promueve y fortalece la escuela del crimen, la rearticulación de bandas de secuestradores, narcotraficantes, terroristas, e incremento de delincuentes. Solo desde el 2010 se registraron en diversos penales 9 asesinatos y 30 fugas de internos.
La solución del problema no consiste solamente en construir más penales, sino que es necesaria una reforma integral que busque mejorar la gestión y eficiencia de los servicios penitenciarios en los aspectos de inversión, seguridad, erradicación de corrupción y mafias, revisión de beneficios penitenciarios, y en el tratamiento de internos, los aspectos sociales, laborales, legales, de salud, psicológicos, educativos, bienestar, etc. para que para que aquellos que alcancen su libertad lo hagan como personas rehabilitadas socialmente y no regresen nuevamente a la actividad delictiva.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de agosto de 2011
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