La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011 asumida por el anterior gobierno fue un fracaso total. Si analizamos las metas que propuso la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y las comparamos con los resultados a junio 2011 veremos que ninguna de ellas se cumplió y todo resultó al revés: en lugar de disminuir, se multiplicaron los cultivos ilícitos de coca, la producción de hoja de coca seca al sol, la producción potencial de cocaína y el consumo de drogas entre escolares; y asimismo, en lugar de incrementarse, se redujeron los decomisos de droga, de insumos químicos y la destrucción de laboratorios clandestinos.
Además de no haber funcionado la institucionalidad antidrogas en su conjunto en cuanto a su articulación, capacidad y apoyo y labores de inteligencia, uno de los principales motivos para su fracaso fue el reducido presupuesto del gobierno y el mínimo apoyo de cooperación internacional de Estados Unidos y de la Unión Europea, quienes a pesar de aceptar su responsabilidad compartida como principales consumidores de la droga peruana, año a año reducen su apoyo económico.
En el año 2005 el entonces presidente ejecutivo de Devida, Nils Ericsson, manifestaba que el Perú estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico y que para hacer frente a este problema se requerían de US$ 3,749 millones hasta el 2016 para infraestructura económica, medio ambiente y actividades productivas. Para la estrategia antidrogas 2007-2011, Rómulo Pizarro explicó que el 2007 se requerían S/.600 millones (US$ 200 millones) pero fueron aprobados solo S/. 430 millones (US$ 140 millones), y a fines de 2007 advirtió que contaba con un limitado presupuesto para su labor. En agosto de 2009 solicitó mayores recursos para proyectos y planes pendientes. Para el 2010 el gobierno destinó solo S/. 93 millones (US$ 33 millones). El 2011, antes de dejar el cargo Pizarro manifestó que el Perú invirtió US$ 429 millones, pero se necesitaban más recursos.
Bajo este panorama, ha sido nombrado Ricardo Soberón como nuevo director ejecutivo de Devida, y todo el debate se ha dirigido hacia el cuestionamiento de su discurso sobre la erradicación de cultivos ilegales, sin embargo, nadie habla del bajísimo presupuesto 2012 de US$ 120 millones asignado a Devida, con el que no se podrá conducir eficientemente ninguna estrategia para enfrentar este grave problema que pone en riesgo la seguridad nacional.
Esperemos que Soberón presente la nueva estrategia antidrogas 2012-2016, y a partir de ella evaluemos si se trata de una política integral que contemple acciones de infraestructura económica, procesos para el desarrollo alternativo, control de insumos, erradicación, operaciones de interdicción y control aéreo y marítimo, así como prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
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