El pasado día 8, durante la sesión descentralizada del Congreso en Ica, fue aprobado un proyecto de ley declarando de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Tecnológica de Chincha. Aunque esta iniciativa pudiera parecer muy loable pensando en facilitar el acceso de la población a más universidades, más se trataría de una acción política populista, ya que no ha sido tomada en cuenta la irrazonable e indiscriminada proliferación de universidades, ni se han considerado aspectos de presupuesto, infraestructura, recursos y docentes para su funcionamiento.
Según la Ley Universitaria de 1983, para crearse una universidad se requería de estudio de mercadeo y de factibilidad, pero en noviembre de 1996 se promulgó el Decreto Legislativo 882 “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” que amplió las posibilidades para la creación indiscriminada de universidades. El II Censo Nacional Universitario 2010, corrobora esta situación. De 57 universidades en 1996, han aumentado a 100 al 2010 –en los países de la región el promedio es entre 30 y 50–, de las cuales 35 son públicas y 65 privadas (en 1996 eran 28 públicas y 29 privadas), es decir, en 14 años las públicas se han incrementado en 25% y las privadas en 124%, logrando estas últimas posicionar la mayor población estudiantil (60.5%), lo que denota un claro afán mercantilista.
Esta problemática se presenta muy grave por cuanto de las 100 universidades en funcionamiento actualmente, solo 19 de ellas están institucionalizadas por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), ente rector creado por ley 26439 de enero 1995 cuya función es evaluar las solicitudes de autorización de nuevas universidades. Además existen 33 universidades con autorización provisional de funcionamiento y 25 proyectos en proceso de implementación; otros 13 proyectos admitidos a trámite –entre febrero de 2010 y mayo de 2011–, y por último, 11 proyectos en solicitud, la mayoría admitidos entre el 6 y 26 de julio de este año (antes del cambio de gobierno). De las 38 filiales autorizadas por Conafu casi la mitad la cubren tres universidades: Alas Peruanas (8), César Vallejo (5) y San Martín de Porras (3). Durante el gobierno de Alan García, en forma demagógica y populista, se crearon 15 universidades públicas de las cuales ninguna funciona.
Bajo este panorama debería suspenderse la creación de más universidades hasta que se determine las profesiones a formar para cubrir las verdaderas necesidades del país, y que el Estado pueda garantizar que en las actuales universidades se logre mejorar la calidad de la educación, el incremento de la investigación científica –casi nula en la mayoría–, así como la promoción de actividades de extensión cultural y de proyección o acción social.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre de 2011
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