La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe al Gobierno peruano sobre la intervención militar, en abril de 1997, del Comando Chavín de Huántar a la Embajada del Japón para el rescate de rehenes de manos del grupo terrorista MRTA. Aunque dicho documento es reservado y ha sido entregado directamente al Ministerio de Justicia, se ha hecho de conocimiento público que esta Comisión demanda procesar nuevamente en el fuero civil a todos los integrantes del comando por la supuesta ejecución extrajudicial de 3 terroristas.
Han pasado casi 15 años desde que el 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del MRTA tomaron como rehenes a 72 personas a quienes retuvieron por 4 meses tratándolos con la más absoluta crueldad, sin piedad, y con verdadero sadismo y salvajismo, violando flagrantemente sus derechos humanos. Durante la operación de rescate, el 22 de abril de 1997, murió un rehén, dos héroes del Ejército (Coronel Valer y Capitán Jiménez) y los 14 terroristas.
Posteriormente, en el año 2002 se inició un proceso judicial contra algunos de los comandos. En el 2003 la Corte Suprema, a través de una contienda de competencia, dispuso que sean juzgados en el fuero militar, en el que fueron absueltos, sin embargo, ahora la CIDH pide que todos los comandos sean juzgados por el fuero civil, además de repararse material y moralmente a los familiares de los terroristas muertos.
A pesar que el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, ha manifestado que el 15 de agosto pasado el Perú emitió un documento a la CIDH donde indica que no reconoce de alguna violación a los derechos fundamentales, y que además son solo 4 las personas procesadas y no incluye ningún comando, sin embargo, el ministro Francisco Eguiguren ha advertido –como un enigma– que en aquellos casos donde existan violaciones de derechos humanos, y donde el Estado moralmente tenga que reconocer, lo hará; asimismo con la prórroga de 90 días que ha solicitado –como decisión política– estaría abriendo la posibilidad de acatar estas inauditas recomendaciones.
En este panorama, todos los peruanos debemos recordar dicho operativo como una de las más impecables operaciones militares, exitosa, bien planificada y donde el objetivo fue cumplido al rescatarse a los rehenes, la cual obtuvo atención mediática en todo el mundo, y además ha sido analizada en diferentes escuelas superiores internacionales militares y de inteligencia.
Bajo ningún motivo el gobierno peruano debería someterse a este dictamen de la CIJH y debe rechazar de plano todas sus recomendaciones. En tal caso, esta Comisión puede someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), instancia que jamás ha procesado un caso de operación militar, y en la cual le corresponderá al Estado no permitir la realización de un nuevo juicio a nuestros valerosos comandos.
Bajo ningún motivo el gobierno peruano debería someterse a este dictamen de la CIJH y debe rechazar de plano todas sus recomendaciones. En tal caso, esta Comisión puede someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), instancia que jamás ha procesado un caso de operación militar, y en la cual le corresponderá al Estado no permitir la realización de un nuevo juicio a nuestros valerosos comandos.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2011
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