A raíz de que más de una decena de congresistas del nuevo parlamento serán investigados por malos manejos, corrupción y juicios penales, en la actual agenda política de nuestro país se debate sobre la inmunidad parlamentaria como trato especial a los congresistas. Según la última encuesta de Apoyo, publicada el pasado día 16, para el 72% de los consultados debería eliminarse, es decir, la mayoría opina que muchos congresistas la mal utilizan para beneficio personal y evitar ser procesados por acciones no relacionadas con sus obligaciones parlamentarias.
Desde una perspectiva positiva, dicha inmunidad asegura que los congresistas, como representantes de la Nación, puedan cumplir sus tareas y funciones con independencia, sin juicios y persecuciones políticas disfrazadas de delito –una razón es la precariedad y fragilidad del Poder Judicial–, además, esta figura es respaldada por el Tribunal Constitucional, y está amparada en la Constitución Política (art. 93°), normando que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, y no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso, pudiendo proceder el desafuero en caso de acto delictivo, con votación congresal de la mitad más uno.
Sin embargo, en los últimos años, muchos congresistas han aplicado esta inmunidad como derecho personal, y asimismo, los parlamentos han rechazado el retiro de este privilegio para esquivar la acción de la justicia “protegiéndolos” de actos de corrupción, delitos comunes u otros. Esta situación obviamente afecta la imagen y credibilidad del Poder Legislativo, por lo que es necesaria la urgente revisión y reformulación de esta prerrogativa, la cual no debería extenderse para delitos comunes, sino circunscribirse estrictamente al ámbito parlamentario. Además, los partidos políticos deberían seleccionar mejor sus postulantes al Congreso, y el Jurado Nacional de Elecciones revisar con meticulosidad las Hojas de Vida y los financiamientos partidarios. Cabe resaltar la acción de la prensa y la opinión pública para evitar, gracias a la presión política, la impunidad de muchos casos delictivos de congresistas.
Bajo este panorama, lo más importante sería que los congresistas, por su representatividad, se obliguen a seguir un comportamiento ético y de conducta al servicio de la sociedad y del país, y asimismo, a demostrar normas éticas elevadas protegiendo el interés público, particularmente supervisando las acciones del gobierno y exigiendo la rendición de cuentas. En su gestión parlamentaria deberían ser agentes promotores de integridad ética y pública y de credibilidad, evitando los conflictos de intereses, y su comportamiento, dentro y fuera del Parlamento, debería seguir estrictas reglas de conducta, de principios y valores éticos, tales como: integridad, rectitud, responsabilidad, transparencia y honestidad.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de octubre de 2011
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