El pasado día 7 estuvo en nuestro país una delegación boliviana de 10 miembros liderada por los presidentes del Senado y Diputados –la cual, a pesar de su trascendencia, pasó absolutamente desapercibida por el caso Chehade– a fin de exhortar al canciller, al presidente del Congreso y a la Comisión de RR EE, a apurar la ratificación del “Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios del Proyecto Playa Bolivia” (PCA), suscrito el 19 de octubre de 2010 por el ex presidente Alan García y su par boliviano Evo Morales, y representa una ampliación del proyecto “Boliviamar” (PB) firmado el 24 de enero de 1992 entre Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora.
A pesar que con el PB Perú cedió a Bolivia en Ilo por 99 años una zona franca de 2 km2, incluyendo 5 km de litoral, facilidades portuarias y libre tránsito para sus exportaciones, en los casi 20 años transcurridos Bolivia lo dejó absolutamente de lado, y aun así, García, sin explicación razonable, suscribió dicho PCA incrementando notablemente una concesión nada favorable a nuestros intereses nacionales:
1) Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE);
2) Acceso permanente al Pacífico y a un punto de atraque propio;
3) Derecho de navegación de buques bolivianos;
4) Libre uso de las instalaciones portuarias;
5) Incremento de la Zona Franca Turística (ZFT) de 2 a 3.58 km2; y
6) Casi 8,000 m2 para que Bolivia construya en 3,000 m2 su Escuela Naval Militar, sin considerar el rechazo de la población por su ubicación en pleno centro de la ciudad, con acceso al mar frente a la playa Tres Hermanas y a la Carretera Costanera, lugar que además había sido proyectado para construirse un muelle pesquero local.
Asimismo, García, insólitamente, sin haber consultado a las FF AA y sin haberse aprobado el PCA en el Congreso peruano –y ni siquiera en el boliviano– promovió la colocación de la primera piedra de la Escuela Naval Militar boliviana en una gran ceremonia realizada el 7 de noviembre de 2010, con asistencia de cancilleres y ministros de Defensa de ambos países.
Bajo este panorama, y aunque la delegación boliviana en el Perú haya reiterado que el acuerdo no tiene intención de mantener soberanía en el puerto de Ilo porque su fin será únicamente académico, esta explicación no concuerda con el pensamiento de Morales quien el pasado 6 de agosto manifestó que buscará la manera de cómo tener salida al mar por Ilo casi con autonomía.
Además, este PCA afecta nuestra soberanía y seguridad nacional por el derecho de navegación de Bolivia en Ilo, la presencia de sus buques en el Mar de Grau, y la construcción de una dependencia naval militar en territorio peruano; aspectos que colapsan con varios artículos de la Constitución (art. 54, 55, 165 y 175). Por tal motivo, el Congreso (art. 56) debería rechazar tajantemente la concreción de este PCA, el cual ni siquiera podría ser aprobado con reservas.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de noviembre de 2011
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