El pasado día 2 el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, advirtió que en el Perú existen más de 20,000 procesos sin solución, por corrupción contra funcionarios públicos, y que la información es muy precaria por el abandono del gobierno de Alan García de todo el sistema anticorrupción. Asimismo, según datos de setiembre pasado de la Contraloría General, durante dicho gobierno –solo entre enero de 2009 y julio de 2011– fueron detectados 10,659 casos de corrupción de funcionarios estatales, encontrándose 3,720 responsables en diferentes ministerios, empresas del Estado e instituciones dependientes del Ejecutivo, y según sus estimaciones, el Estado pierde por este flagelo unos S/. 8,000 millones anuales, cifra equivalente entre el 10 y 15% del total de compras y adquisiciones gubernamentales.
Los delitos de corrupción tienen penas muy benignas; si un funcionario recibe una condena de por ejemplo 4 años, ésta prescribe a los 6 años (la pena más el 50%), aún si está fugado o no habido. Lo cierto es que no existe voluntad política para dictarse una ley para que estos delitos no prescriban, ya que desde el 2001, de más de 40 proyectos presentados, ninguno se ha concretado, a pesar que desde dicho año, de los 7,000 procesos en curso, ya comenzaron a prescribir 145 a partir del año pasado.
Recientemente congresistas del grupo parlamentario del gobierno presentaron un dictamen considerando la modificación del artículo 41° de la Constitución para declarar la imprescriptibilidad de dichos delitos y establecer la inhabilitación en la función pública de quienes los cometieron, y a pesar de que el pasado 20 de setiembre fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución, el día 11 de este mes, el Pleno del Congreso no lo aprobó –congresistas que se oponen consideran erróneamente que se trata de una herramienta de persecución– y lo devolvieron a la Comisión de Justicia.
Bajo este panorama, en nuestro país la corrupción casi nunca fue investigada con seriedad y eficacia. Ésta se ha convertido en un mal endémico y una enfermedad social que no permite consolidar una verdadera democracia. Nos hemos vuelto tolerantes y permisivos a las coimas, evasiones de impuestos, y hasta de la presencia de actores políticos cuestionados y con procesos delictivos, y a pesar de ello no se impulsan respuestas severas, drásticas y eficaces para sancionarla como el incremento de penas, de años de prescripción y principalmente la imprescriptibilidad, para evitar que el delito se extinga en determinado plazo y genere como hasta ahora una indignante impunidad.
La dación de esta ley (que requiere ser aprobada en dos legislaturas con 88 votos) limitaría los delitos punibles que atentan contra el patrimonio del Estado y que representan una grave amenaza a la gobernabilidad democrática y a la estabilidad y seguridad de nuestra sociedad.
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