En medio de un paro indefinido en Cajamarca en contra del proyecto Minero Conga, y con la convicción que nuestro país requiere de inversiones mineras para ampliar el desarrollo y mejorar la inclusión social, pero con responsabilidad en la explotación, cuidando el agua y el medio ambiente, considero necesario reflexionar sobre la problemática histórica de los pasivos ambientales mineros en el Perú, los cuales ascienden a 6,847, según el último inventario del Ministerio de Energía y Minas (MEM) del pasado 27 de julio.
Los pasivos ambientales mineros son toda clase de instalaciones, restos o depósitos de residuos abandonados o inactivos de la actividad minera, como relaves, desmontes de minas, escorias, tajos, productos químicos, infraestructura, etc., que en grandes cantidades han quedado regados desde épocas antiguas en diferentes zonas mineras. A pesar que afecta a 21 de los 25 departamentos, más del 50% (3,483), están concentrados en Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), Huancavelica (829) y Puno (521); y hasta en Lima hay casi 300.
La ley 28271 de julio de 2004 regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y en ella se dispone que el Ministerio de Energía y Minas debe identificar a los responsables de su abandono, sin embargo, desde dicho año, de los 6,847 solo han sido detectados 947 (13.8%), principalmente 310 de la minera Buenaventura en Ayacucho y Huancavelica y 298 de la minera Colquirumi en Cajamarca, ambas en proceso de cierre. Los 5,900 pasivos restantes no tienen dueño y ni siquiera se les ha efectuado estudios ambientales, y, aunque la mayoría pueden ser históricos, mientras el MEM no los detecte, de acuerdo al Reglamento de la ley (DS 059-2005-EM), el Estado es responsable de su remediación.
Según la Directora Ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), Julia Justo Soto, de la totalidad de los pasivos ambientales, unos 5,000 son del sector minero privado –el resto del Estado–, y de éstos, alrededor del 50% son operadores vigentes. Para dicha funcionaria, la presencia de tantos pasivos ambientales mineros, significa que falta un compromiso del sector minero privado, considerando que representan una inversión de US$ 1,000 millones.
Bajo este panorama, aunque desde octubre de 2003 la Ley 28090 regula el cierre de minas de acuerdo a un plan con garantías ambientales, que teóricamente evitaría el abandono de nuevos pasivos, el inventario de éstos seguirá incrementándose, toda vez que el MEM no ha inspeccionado ni la quinta parte de las más de 60 cuencas con actividad minera en el país. El gobierno debería poner mayores esfuerzos para detectar a los responsables de los más de 6,000 pasivos actuales, o caso contrario dar solución prioritaria remediándolos, ya que se trata de una antigua problemática pendiente que afecta y genera riesgos permanentes a los pobladores y al medio ambiente.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 26-de noviembre de 2011
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