El pasado día 23 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) la apertura de un proceso contra el Estado Peruano, por no juzgar en el Fuero Civil a los comandos de Chavín de Huantar –a pesar que la justicia militar los declaró inocentes– por una supuesta violación de derechos humanos de tres terroristas durante el rescate de 72 rehenes de la residencia del embajador japonés el 22 de abril de 1997.
El ex ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, tiene mucho que ver en la apertura de este proceso. Recordemos que el 26 de octubre pasado reveló que se había pedido a la CIDH una prórroga para estudiar el caso y que no existía proceso a ninguno de ellos; además dijo en el Congreso que el Estado no se allanó al pedido de dicha Comisión y que no existía recomendación para juzgarlos; asimismo, hizo incluir en el presupuesto 2012 S/. 23 millones para cubrir reparaciones dictadas por la Corte IDH, resaltando: “lo que manda la sentencia, se paga”.
Además Eguiguren ha sido juez ad hoc de la Corte IDH, y a pesar de ser peruano, ha votado en sentencias contra el Estado peruano por violaciones de derechos humanos; también, refiriéndose al caso del motín del penal Castro Castro en 1992 –en que la Corte ordenó indemnizar con US$ 60 mil a cada deudo de 41 terroristas– advirtió que el Perú debía cumplir las sentencias ya que la Corte IDH supervisa su cumplimiento, y caso contrario, puede pedir a la OEA aplicar sanciones políticas o económicas.
Por graves insuficiencias en la defensa del Estado peruano ante la Corte IDH, sus fallos han ocasionado millonarios desembolsos a los terroristas, y a pesar de ello nunca les exigió el pago de reparaciones civiles. Entre el 2000 y 2005 se indemnizó a terroristas por más de US$ 20 millones, y en los últimos años se siguió indemnizando a otros: Lori Berenson (US$ 30 mil), María de la Cruz Flores (US$ 319 mil), María Loayza (US$ 50 mil) y Madelein Valle (US$ 20 mil). En diciembre de 2006 el ex presidente Alan García anunció un proceso civil demandando por daños y perjuicios a los terroristas por US$ 5,000 millones, lo cual nunca cumplió.
Bajo este panorama, los complacientes y vergonzosos fallos de la Corte IDH –con ideología a favor del terrorismo– exceden sus prerrogativas y crean inestabilidad en el sistema político e institucional de nuestro país.
El gobierno debe redoblar la defensa jurídica del Estado ante los cientos de procesos en la Corte IDH, en especial de éste contra nuestros heroicos comandos de Chavín de Huantar, y debería promover ante la OEA una reforma sobre la revisión de su real competencia por las autoritarias e injustas indemnizaciones a terroristas y por obligar al Estado, en actos públicos, a reconocer su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de estos delincuentes criminales.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de diciembre de 2011
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