El pasado día 1 Transparency International (TI) presentó en Berlín, Alemania, el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 (IPC), el cual mide anualmente, desde 1995, los niveles de percepción de corrupción de servidores públicos y políticos de la mayoría de países del mundo. Esta organización, que define la corrupción como “el abuso del poder utilizado para beneficio personal”, incluye para su calificación percepciones de expertos residentes y no residentes con una combinación de 17 encuestas empresariales mundiales, así como evaluaciones de analistas de riesgos comerciales y expertos de instituciones internacionales.
Este último IPC 2011 evalúa a 183 países del mundo durante el período de diciembre 2009 a setiembre 2011 –etapa final del gobierno de Alan García e inicio del actual gobierno–, y analiza factores, tales como, acceso a la información, conflictos de intereses, frecuencia y/o magnitud de los sobornos en el sector público, pagos irregulares en las contrataciones públicas, malversación de fondos, así como la medición de la eficacia de la administración pública contra la corrupción. El índice es calificado de acuerdo a una escala de 10 puntos (muy transparente) a 0 puntos (muy corrupto), ocupando el puesto 1° Nueva Zelanda (9.5 puntos) y 2° Finlandia (9.4), y en los dos últimos lugares 182° y 183°, Somalia y Corea del Norte, con un punto cada uno.
En el caso del Perú, ocupamos en este IPC el puesto 80 con 3.4 puntos (puntajes por debajo de 5.0 muestran “graves problemas de corrupción”), tristemente nuestra peor calificación desde 1998 en que iniciamos nuestra participación en esta ponderación (año que ocupamos el puesto 41 con 4.5 puntos). Lo grave es que durante los 13 años de evaluaciones, en nuestro país nunca se analizó, ni prestó atención, ni fueron adecuadamente difundidos los resultados de estos índices, que año a año nos iban advirtiendo sobre el permanente y progresivo incremento de mayor corrupción pública.
Bajo este panorama, los anteriores gobiernos demostraron escasa voluntad política para enfrentar la corrupción, y el pasado gobierno de Alan García será investigado por casos comprobados que involucran más de 10 mil denuncias contra servidores públicos. Pero lamentablemente, el actual gobierno, cuyo tema bandera de su campaña electoral fue la lucha anticorrupción, además de denuncias de aportantes fantasmas para su partido, ya ha presentado casos muy graves de corrupción de integrantes de sus cuadros políticos.
Por tal motivo, es urgente que tome las acciones y dicte las políticas para evitar el tráfico de influencias, perfeccionar los métodos de adquisiciones públicas, supervisar el gasto público a nivel gubernamental, local y regional, evitar la impunidad, dictar penas drásticas y contundentes y dictaminar la no prescripción de estos delitos, con el fin de revertir esta situación hacia una dirección positiva.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de diciembre de 2011
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